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"Déjemelo Masticar" 

Guillermo Segovia Mora

¿Lo breve siempre es mejor? ¿Si lo dicen los medios es verdad? ¿Todos creemos en la misma paz? ¿Existe el castro-chavismo? ¿Colombia va hacia el comunismo? Son preguntas que asaltan a lectores y audiencias frente a una realidad en la que los medios masivos de comunicación trasmiten  información calificada con  el atributo de la objetividad, negado de raíz por ser apéndices de conglomerados económicos con intereses definidos en el devenir del país, incluido el resultado de la siempre agitada negociación con las Farc.

Caminando rápido no se nota

“-¿Cómo hacer para que responda sí o no”, preguntaba preocupada María Elvira Samper en los momentos previos a la grabación del programa Las Claves de Canal Capital, que conduce en compañía de Antonio Caballero, refiriéndose al invitado, el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, que tiene fama de saltarse el control cronométrico de los entrevistadores. Y la preocupación  es comprensible.  Como se sabe, según la frase manida y el estándar del periodismo, “el tiempo es oro y en televisión es corto”. El éxito está en la brevedad, la instantánea, la variedad, la frase lúcida, así sea pura demagogia. Si los hechos están dados -como realidad fáctica o impuestos por la matriz mediática- qué sentido tiene hacer arqueología.

De lo que se trata es de afirmar o negar y con ello aprobar o contradecir, para darle la razón a los presupuestos del interrogador o hacer alarde, según sea o se le quiera calificar, de terquedad, ignorancia o puerilidad por el interrogado. Lo de bueno y breve dos veces bueno, sin duda no aplica cuando hay que explicar. Esa fórmula es la reina en las redes sociales, aunque tampoco se está exento de majaderías. Con todo, el deber de un gobernante democrático es que la ciudadanía conozca de las cosas públicas al detalle. Pero ese no es el problema de los medios. Es lo que pasa con Petro: argumenta, desnuda, denuncia, evidencia. Incluso va  más allá de la corrupción administrativa, por lo que se le recuerda en la época reciente, o la del parapolítica, un poco más atrás, para señalar la purulencia que subyace al sistema de componendas, favoritismo e iniquidades que impera en Colombia. Algunos dizque gestores pragmáticos lo califican de “carreta”.    

Como dice verdades y reclama tiempo para decirlas, está en contravía. Exige que se le permita explicar los contextos, los antecedentes, los intereses, las consecuencias y los impactos de sus determinaciones. No se presta al sí o al no para facilitar un titular que con seguridad en la lectura prejuiciada y estrecha de la mayoría de los medios le será adverso.  Pocos periodistas aceptan sus requerimientos -una de las excepciones, Yolanda Ruíz, quien junto con la propia María Elvira Samper y el equipo de RCN Radio, han logrado diálogos sustantivos con el mandatario. De serle posible emplea el tiempo en forma didáctica y, las más de las veces, con un convencimiento contundente: informa, razona, explica, motiva, desvela… instiga.  Pero para los poderosos aparatos  ideológicos mercantiles este tipo de personajes no son atractivos, contradicen el capitalismo pervertido que impera en Colombia. El bussines exige ir al grano y no mirar el pasado, ni los por qué.  Aquí vivimos  en el reino de lo efímero al decir  de Lipovestky, de la realidad líquida  que plantea  Bauman, de las audiencias consumistas, sumisas, distraídas y subalternas.

Estigmatización, un balazo contra la paz

Los medios de comunicación que prestan servicios informativos pueden relatar un hecho de una forma aproximada a como se produce en la realidad, tratando de ajustarse a los estándares del periodismo  (contexto, pluralidad de fuentes, reconstrucción crítica, veracidad) o simplemente crear el hecho -construir el acontecimiento, como afirma Eliseo Verón- a partir de una intencionalidad, para  lo que, desde luego, deben omitir las reglas básicas de la profesión y los principios éticos que la rigen y manipular en función del propósito perseguido. Los periodistas, así pataleen por su neutralidad, son portadores de una ideología profesional, de una posición, de una opinión que en la era de la información como espectáculo y seducción de públicos, cada vez los pone más de lado del poder que de la verdad. Al fin y al cabo lo que importa es su éxito, el estrellato, el espectáculo.

El pasado domingo 9 de agosto, los televidentes de la franja de reportajes de Caracol Televisión, pudieron observar en el programa Séptimo Día, la última entrega de una serie de tres informes titulada “Desarmonización. La flecha del conflicto”. A través de testimonios dramáticos de dos propietarios sobre invasiones por parte de indígenas del Cauca, procesos que los nativos denominan “recuperación” y que en la mayoría de las casos han surtido trámites legales acompañados por el Ministerio del interior con el fin de dar cumplimiento a compromisos adquiridos por el gobierno con las comunidades, la teleaudiencia fue testigo de la crueldad y abuso de los indígenas presentados como victimarios. Ellos, víctimas de una secular violencia y apenas escuchados a partir de los años 70 cuando naciera, de entre los asesinados y sojuzgados por los terratenientes, el Cric, una de las expresiones organizativas autonomistas más importantes del continente.

A partir de un caso descontextualizado, validando la versión de un lado del conflicto -que no por posible es completa- y manipulando la de la parte  señalada -los indígenas, cuyas intervenciones fueron editadas a conveniencia del relato periodístico-  se construye un hecho en función de la conclusión que el maestro de ceremonias quiso trasmitir: indígenas adeptos de la guerrilla -lo que habían planteado en la entrega anterior aplicando la misma metodología de generalizaciones y parcialidad-, corruptos y atrasados -como los presentaron en el informe inicial- constituyen un peligroso e insaciable ejército de acumulación de tierras. La maroma para forzar la conclusión es de Ripley. La población del norte del Cauca es indígena, allí se constituyó y opera un frente de las Farc -por obvias razones- mayoritariamente integrado por indígenas, el Cric es la organización indígena, luego el Cric pertenece a las Farc. Situación mil veces refutada y que habría podido investigarse en beneficio de un mínimo equilibrio.

De paso, en el reportaje se aprovecha para desprestigiar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, bastión en la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de la violencia oficial y paramilitar,  presentándolo como un bufete de oportunistas de izquierda  que se ha lucrado de las víctimas -muchas de las que posan como tales pertenecientes a una organización creada a instancias del gobierno Uribe en la estrategia de confrontar y mermar al Cric. La conclusión, en tal contexto fabricado, es inevitable: la propiedad privada está en riesgo. Alerta que se lanza en plena reactivación de las negociaciones Gobierno-Farc, proceso que la oposición uribista -a la que pertenecen las fuentes validadas por el programa, una de las cuales propuso el apartheid contra los indígenas- ha calificado de entrega a la subversión, para contaminar y sabotear los posibles acuerdos.

Ese espacio del Canal Caracol -uno de los tres poderes mediáticos nacionales a la vez perteneciente  a uno de los tres grupos económicos más poderosos del país: el grupo Santodomingo-  estuvo complementado por una nota del periodístico Los Informantes en el que de la mano de algunos funcionarios gubernamentales bastante discordantes con los lineamientos del proceso de paz, presenta un escandaloso reportaje sobre el despojo de tierras por parte de las  Farc, hecho que el gobierno habrá -si ya no lo ha hecho- de colocar sobre la mesa, capotear y solucionar de acuerdo con los lineamientos que ha puesto en juego en las negociaciones, pero que el tono sensacionalista de la nota coloca como una amenaza inminente y permanente a la propiedad privada.

En la lectura inmediata o en el subconsciente, el mensaje para la atónita e indignada audiencia fue avasallador: los indígenas y la guerrilla son una amenaza para hacendados y finqueros, por extensión a quienes tengan un bien, y en general a la propiedad. Es decir, la advertencia de la entrega al “castro- chavismo” no es para nada un rapto lunático de un político inescrupuloso en busca de vigencia y de sus seguidores delirantes. El hecho creado por los reportajes demuestra el riesgo evidente de la dictadura comunista. ¿Eso busca Caracol?

El poder de las palabras

Sorprende un orden informativo paranoico en el que algunos de los grandes medios en sus programas especiales descargan fuego tupido contra el proceso de paz mientras en los noticieros acompañan la agenda del gobierno, eso sí, matizada por el protagonismo de la oposición uribista y su mensaje mezquino y deslegitimador. Unas a dios y otras al diablo, por si acaso. Fue lo que se evidenció ante la versión oficial sobre los episodios  recientes de accidentes de aeronaves de la Fuerza Pública, la solicitud gubernamental de pacificar el lenguaje y el manejo público ponderado del nuevo ministro de defensa Luis Carlos Villegas. 

No faltaron los y las columnistas mitómanos y pirómanos que en su sectarismo  quisieron ver a las Farc responsable de los accidentes y las muertes resultantes, trataron al ministro de payaso y mofándose del consejo presidencial de moderar las palabras para aclimatar la convivencia, chillaron al unísono por la jerga  de los matones. Tampoco los periodistas segundones que a falta de criterio propio repiten tonterías por encargo. Una bofetada a quienes claman por el desescalamiento del lenguaje y una política editorial que ayude a hacer pedagogía sobre las ventajas de una solución política negociada. Tanta intemperancia y distorsión parecen confirmar que para algunos, así parezca absurdo -tal vez desde ciertos negocios no- , tiene más rédito la guerra.

En materia de paz, los medios están descolocados entre un respaldo formal a la solución política del conflicto, acotada a la valoración que hacen de la contraparte, con el liderazgo del gobierno, al que apoya la mayoría de ellos, y una oposición real en la medida en que los resultados de los diálogos puedan afectar, desde la modernización y la equidad, los privilegios sobre los que se ha construido el régimen de desigualdad y exclusión imperante en el país, al que representan como sector de negocios de los grupos económicos. Es hora que de que hablen claro y, si apoyan la paz, pongan su grano de arena.

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