fShare

Tweet

Por Luis Carlos Osorio R.

Sabemos que la corrupción es una enfermedad que ataca a todos por igual, como la gripa o el covid19. También sabemos que no tiene cura, aunque hay países, que, sin tener la vacuna, han sabido desarrollar políticas de prevención para contenerla.

La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace tan corruptos? La iglesia ha dicho que es la ambición por el dinero que se mete en nuestras conciencias. Los conservadores dicen que es nuestra fragilidad moral y la falta de leyes para extirpar de raíz este tumor.

Los #liberales y algunos estudiosos dicen que la #corrupción la engendra la sacralización de lo privado, que hace que el interés de poseer y acumular sea el centro de toda acción humana, y la apropiación egoísta de los bienes públicos. 

Paradójicamente la corrupción ha penetrado la iglesia, que dice formar en valores, al legislativo que debe generar las leyes, al ejecutivo, que debe gobernar con transparencia y al poder judicial, que debe sancionar y acabar con la impunidad. Los propios organismos de Control han sido corroídos en sus entrañas. 

Por eso la desconfianza y falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas, y el menosprecio absoluto de los jóvenes por la legalidad. 

El aparato estatal se ha ido disponiendo al servicio de los corruptos, quienes han puesto las instituciones a su servicio, menospreciando los deberes con la comunidad. 

La institucionalización de la corrupción ha borrado todas las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal, vendiéndonos la idea de que los hechos delictuales son en realidad el sagaz aprovechamiento de oportunidades. 

Dicho de otra manera, los corruptos nos han ido llevando dócilmente por el camino de los atajos, los dineros fáciles, los propósitos a toda costa, así tengamos que recurrir a la comisión de delitos, haciéndonos creer que no lo son. Hemos tomado coraje de los pretextos y las justificaciones para concluir que, si fulanito lo hizo y no paso nada, ¿porqué a mi sí? 

Por la misma vía y aunque a veces sintamos algo de indignación, aprendimos a ver con naturalidad comportamientos como el acoso sexual y el laboral, la negligencia, la venalidad, el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito, la utilización de influencias y el nepotismo. De paso asumimos que eso de la puerta giratoria, la rosca y el tráfico de influencias son un legítimo privilegio de castas. 

Las prácticas corruptas son la regla, no la excepción. Todo es tan normal, nada nos parece raro y si nos parece, eso no es problema mío. Por este camino, hemos perdido la capacidad para discernir la esencia de la corrupción, al punto que, si identificamos que algún tipo de comportamiento es corrupto, la condena no va más allá de palabras hueras, pues tampoco nos sentimos con la legitimidad para hacer nada.

Este proceso bicentenario no ha sido gratuito. Nuestros comportamientos están determinados por una red de hilos invisibles que se mueven a través de una multiplicidad de canales, llámense redes sociales, medios de comunicación, empresa, iglesia, ejecutivo, legislativo, jueces, familia, en fin… un nuevo paradigma de ética y moralidad pública. Y alguien paga por esto. 

Hemos incorporado la creencia de que lo que no esta prohibido esta permitido. De allí que muchos comportamientos que tachamos como antiéticos o inmorales, o contrarios al bienestar y el interés general, gozan de la protección del sistema jurídico, pues están revestidos de cierta legalidad. 

Por eso, más importante que luchar contra la corrupción y el ropaje que la encubre, lo es luchar contra sus causas, las cuales están asociadas a la inequidad, el consumismo, la alienación y la pobreza. 

¿Cómo despojarnos de esas estructuras e instituciones que tenemos adheridas a nuestra piel como el pie al zapato? Teóricamente nos despojamos del feudalismo, pero convivimos con sus instituciones, llámese latifundio, minifundio, relaciones serviles, o la compra y venta de títulos nobiliarios, hoy llamados cargos públicos; Nos despojamos de las monarquías para abrazar un modelo de democracia, pero heredamos las formas políticas de un soberano que lo dispone todo. 

Así las cosas, ¿realmente es posible eliminar la corrupción? 

Desde la antigüedad, se han generado políticas y movimientos para acabar con la corrupción. En el siglo XIV, Min Tai Zu se alzó contra la dinastía Yuan, por considerarlo un gobernante corrupto, que, con sus políticas, había incidido en el atraso económico y social de China. 

El código de Hammurabi contenía normas en contra de comportamientos identificados como corruptos, incorporando duras medidas contra esas conductas. Como vemos, la lucha contra la corrupción también es milenaria. 

Nuestros países han basado su lucha contra la corrupción en la transformación del marco normativo, el cual se ha ido degradando, hasta convertirse en un cúmulo de normas sociales, que vemos como algo trivial, que puede violarse sin ninguna consecuencia. 

Nos hemos vuelto expertos en presentar proyectos de ley para erradicar la corrupción, que casi siempre se archivan. Es muy difícil que un parlamento contaminado con prácticas corruptas se autorregule. 

En la creencia “que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”, surgió la consulta anticorrupción, la cual no pasó en umbral. A pesar de que el 90 por ciento de los encuestados para medir los impactos de la corrupción, dijo que ha sido víctima de alguna solicitud de soborno por parte de algún empleado publico, la realidad es que los votos no alcanzaron el tercio del censo electoral requerido para su aprobación, evidenciando que una cosa es la corrupción y otra muy distinta la voluntad real para acabarla. 

La razón es la misma que llevó a que mayoritariamente los colombianos votaran en contra del acuerdo de paz.  Como dijimos, nuestros comportamientos están determinados por una red de hilos invisibles que inciden desde los medios, las redes sociales, el patrón, el púlpito, la casa de Nariño, el Congreso, las cortes y finalmente nuestra estructura familiar, que al final contribuye en esa extraña lógica de que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”, reforzando esos nuevos paradigmas de la ética y la moral pública. Y alguien paga por esto.

Es de conocimiento público que la gobernabilidad en Colombia está determinada por algo que jocosamente llaman la ruta de la mermelada, que no es otra cosa que la manera eufemística como llamamos los otrora auxilios parlamentarios y que luego se convirtieron en cupos indicadores y que al final, son la manera como se negocia la gobernabilidad en las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado. 

Esa es nuestra historia. Apenas si logramos 37 puntos en la escala de uno a cien que maneja Transparencia Internacional, donde países como Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia oscilan entre 85 y 90. ¿Qué tienen esos países, distinto al nuestro, para superar un flagelo que ataca a todos por igual? 

El referente ético y moral. La convicción de que trabajan para construir el mejor futuro posible para sus pueblos, adelantándose a los problemas que pudieran frenar su desarrollo. 

La escogencia de gobernantes probos, que trabajen desde una perspectiva que integra, derechos humanos, seguridad, ecología, equidad social, seguridad y paz, entre otros. 

La base de su trabajo es la convicción de que las decisiones que toman los políticos de hoy tendrán una gran influencia en la esfera política, económica y social del mañana. Todo esto lo han logrado a través de un modelo de educación que integra la filosofía, la ética y la política, desde la primera infancia, los cual permea a los ciudadanos hacia el futuro. Al igual que un amor infinito por lo público. Exactamente lo contrario a lo que nosotros hacemos. Póngame a bailar ese trompo en la uña.

Tweet

Share

0