El pasado sábado 4 de febrero del presente año el periódico Actualidad Étnica y la Fundación Hemera estuvieron en el resguardo de Humapo, ubicado en el kilómetro 76 entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el departamento del Meta. Nuestra corresponsal y funcionarios de Hemera acompañaron al pueblo Achagua en una reunión convocada por funcionarios del Instituto Nacional de VÃÂas. El encuentro contó con la participación de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de la ProcuradurÃÂa General de la Nación.
El objeto de la reunión era obtener la autorización de la comunidad indÃÂgena para iniciar los trabajos de encauzamiento del rÃÂo Meta, en el marco de un proyecto que viene planeándose en conjunto con el gobierno venezolano y que propone la reactivación del rÃÂo como vÃÂa fluvial de transporte de personas, alimentos, e insumos en general.
A la reunión asistió un nutrido grupo de funcionarios, entre los cuales se encontraban la coordinadora del Grupo de VÃÂas Acuáticas del Ministerio de Transporte, el secretario de obras públicas del municipio de Puerto López, el secretario de gobierno de la AlcaldÃÂa de Puerto López, el coordinador de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, la psicóloga del área social de la subdirección del medio ambiente del Instituto Nacional de VÃÂas, la delegada del Instituto Nacional de VÃÂas para pedir la licencia ambiental, un biólogo de la subdirección del medio ambiente de INVIAS, el coordinador del área social de la subdirección del medio ambiente del Instituto Nacional de VÃÂas y la subdirección marÃÂtima y fluvial del Instituto Nacional de VÃÂas.
Durante le reunión los funcionarios explicaron a la comunidad las obras que pretenden hacerse para mejorar la navegación por el rÃÂo durante los meses de verano y que consisten en la ubicación de una estructura de contención en el brazo menor de los dos que rodean una isla perteneciente a la comunidad y ubicada en frente de su territorio. La idea es que debido a que en el verano el nivel del agua disminuye considerablemente, impidiendo la navegación por el rÃÂo en este sector, la exclusa que se coloque bloquee en un alto porcentaje el flujo de agua hacia el brazo menor, con lo cual se obtendrÃÂa que una porción considerable de agua se abonara al brazo mayor garantizando el aumento de la profundidad de este brazo y a su vez hiciera más confiable la navegación.
Los ingenieros de la obra plantearon que la estructura es totalmente ecológica y que los impactos ambientales que se causarÃÂan sobre el ecosistema del rÃÂo serÃÂan mÃÂnimos dado que dicha estructura estarÃÂa elaborada en madera y a modo de tejido, lo cual permitirÃÂa que se mantuviera un flujo de agua hacia el brazo bloqueado. Además la altura de las esclusas serÃÂa de un metro con ochenta, con lo cual se garantizarÃÂa que durante la estación invernal el brazo recuperara su nivel de agua, el cual alcanza los cuatro metros durante esta estación.
Sin embargo y a pesar de las explicaciones técnicas ofrecidas por los ingenieros y biólogos, los lÃÂderes tienen inquietudes con respecto a los posibles impactos que esta obra pueda generar sobre la vida de la comunidad. Por una parte temen que la pesca se vea disminuida de alguna forma, ya que dependen totalmente del recurso alimenticio que les provee el rÃÂo, y por otro lado, que con los años, el brazo cerrado vaya sedimentándose hasta secarse totalmente, situación que serÃÂa aprovechada por los terratenientes del otro lado del rÃÂo para correr las cercas de sus territorios y apropiarse de esta isla que pertenece a la comunidad.
Los antecedentes de este proceso de consulta no han sido hasta ahora los mejores, ya en varias ocasiones durante el 2005 el pueblo Achagua manifestó su descontento con respecto dicho proceso al cual calificaron de informal debido a que en ningún momento se concertaron con la comunidad los procedimientos mediante los cuales se adelantarÃÂa la consulta, y tampoco se habÃÂan hecho presentes hasta el momento los funcionarios del Ministerio del Interior y la ProcuradurÃÂa.
Por otro lado los indÃÂgenas reclaman que no se ha tenido en cuenta la participación de las comunidades para la realización de los estudios de impacto ambiental y sociocultural según lo define el decreto 1320 de 1998 y en el que se dispone que "Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas"[1], razones por las cuales las conversaciones fueron clausuradas el 25 de junio de ese año.
Los lÃÂderes de la comunidad consideran que a pesar de que los especialistas sostengan que los efectos ambientales serán mÃÂnimos, la experiencia en el manejo del rÃÂo les señala que este proyecto pondrá en grave riesgo a la comunidad ya que atenta contra su principal fuente de alimento y sustento. Sin embargo, los Achagua plantearon en la reunión la disposición de negociar con INVIAS sólo en el caso de que les sea otorgada la ampliación del resguardo con la adquisición de una finca de 3500 hectáreas y en la cual, según ellos, tendrÃÂan asegurada su subsistencia pues esta tierra cuenta con lagunas en las cuales se encuentran peces durante todo el año y posee además grandes extensiones de bosques aptos para la cacerÃÂa.
Los funcionarios de INVIAS, por su parte, argumentaron que la adquisición de tierras no corresponde a ellos sino al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y que debÃÂa ser la comunidad misma quien mediante oficio dirigido a los funcionarios de dicha entidad solicitaran la ampliación del resguardo.
El pueblo Achagua insistió en que en este proceso de negociación deben estar presentes todas las entidades pertinentes y que no puede pretenderse fragmentar el proceso por cuestiones de ÃÂndole burocrática.
[1] Decreto número 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indÃÂgenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
