Los intereses del Gobierno Nacional y la empresa Meta Petroleum Ltd. en el departamento del Meta parecen ir de la mano. Hace algunas semanas el Gobernador de la comunidad achagua de Humapo, Marcos Arrepiche, interpuso una acción de tutela denunciando los efectos negativos generados por la empresa Oleoducto de los Llanos (ODL) en el resguardo Turpial La Victoria. Desde entonces, los acontecimientos sucedidos han enturbiado más este asunto claramente influenciado por interferencias de todos los frentes.
En una reciente visita al resguardo motivada por la tutela, los funcionarios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial llegaron al lugar en camionetas adscritas a la empresa Oleoductos del Llano y acompañados de personal gerente y técnico de la misma, como si formasen un grupo de presión interinstitucional, sin intenciones de ocultar su nivel de dependencia mutua, dando la razón a aquéllos que siempre relacionan las políticas del Estado con las políticas de las empresas transnacionales.
Acudieron al encuentro tres funcionarias del Ministerio (Diris Villegas, socióloga de la Dirección de Licencias, Trámites y Permisos del Ministerio, Mónica Morales, Ingeniera Forestal, y la Geóloga María Cristina Ramírez) acompañados de nueve funcionarios de la empresa en mención, cuando su presencia no estaba prevista.
Marcos Arrepiche, Gobernador de Humapo, presentó las causas de la demanda contra la petrolera: inexistencia de la consulta previa regulada por el Convenio 169 de la OIT para concertar los efectos causados por la presencia de la empresa a la hora de emitir la resolución que otorga licencia ambiental al proyecto; impacto negativo en "El Charcón" y en el Cementerio Mangal, donde se depositan restos de los más antiguos miembros de la comunidad; construcción y uso de caminos dentro del resguardo; tala masiva de árboles en la Reserva Forestal; enfermedades entre la población infantil por contaminación de aguas; deserción estudiantil y embarazos de niñas y adolescentes.
Por su parte, la petrolera alegaba disponer de actas donde se encontraban consignados acuerdos a los que habría llegado con la comunidad, además de manifestar su profundo interés por proteger y apoyar en obras sociales a la comunidad.
Una vez finalizada la reunión, acompañados por un asesor jurídico del resguardo, miembros de las tres partes en conflicto recorrieron los lugares afectados y pudieron hacer sus valoraciones pertinentes.
Al día siguiente, a petición de la empresa ODL y sin contar ya con la presencia del personal del ministerio, varios miembros de la petrolera observaron la situación en "El Charcón" acompañados por las autoridades del resguardo.
Mientras tanto, la encargada del área de responsabilidad social de ODL, Elsy Uribe, lejos de indagar en los perjuicios causados por la empresa en el territorio sagrado de los Achagua, se contentaba con ofrecer algún tipo de acuerdo o gratificación inmediata a las autoridades del resguardo, a cambio de no suspender la licencia ambiental con la que cuenta la empresa.
En este punto, a los funcionarios del Ministerio no pareció interesarles demasiado la faceta legal de la concesión de la licencia, puesto que al iniciar la reunión lo primero que dejaron claro era que "venían por coincidencia" ante la necesidad de realizar otras visitas cerca de la zona, dejando a la comunidad a ventura de la empresa petrolera al día siguiente.
Meta Petroleum Ltd. hace parte de la multinacional Synergy, grupo brasileño controlado por el empresario Germán Efromovich, dueño de las aerolíneas Avianca, OceanAir, VIP y AeroGal y accionista de varias empresas energéticas, petroleras y navieras en varios países latinoamericanos.
El pasado lunes 9 de marzo, La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio falló la tutela en contra de las solicitudes de la comunidad argumentando en pocas palabras que la acción de tutela no era el instrumento jurídico procedente para atacar la validez de un acto administrativo como lo es la licencia ambiental. Sin embargo, ante el desconocimiento de parte del Tribunal frente a la vulneración de derechos fundamentales que se encuentra de por medio, el apoderado de la comunidad, apeló oportunamente la decisión para que sea finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que se pronuncie frente a la situación que aqueja al Pueblo Achagua.
Para completar el panorama, el día 19 de marzo, nuevamente acudió al resguardo una comisión del Ministerio de Ambiente; Vivienda y Desarrollo Territorial en compañía de la empresa, se hizo un nuevo recorrido, esta vez más específico, ya que la funcionaria del Ministerio informó que querían tener más pruebas de las afectaciones alegadas por la comunidad.
