Autor: Lucio Lara Plata
No parece haber ya duda alguna sobre la necesidad de aportar elementos que contribuyan a diseñar una política de desarrollo integral de las comunidades del México indígena, basada en la preservación, conservación y aprovechamiento ecológico y autónomo de sus territorios. Una propuesta de este tipo implica redefinir los términos del desarrollo bajo un nuevo concepto de crecimiento, integración y bienestar socioeconómico de los pueblos indígenas. Los planteamientos más recientes -en su gran mayoría- se basan en la oferta del desarrollo sustentable, pero este modelo, concebido a finales de la década pasada, corre el riego de convertirse en un eslogan político más que en una realidad que beneficie a las mayorías en su conjunto. Es decir, no se puede garantizar el futuro de los recursos naturales y del crecimiento económico nacional sin que desde hoy se contemple su manejo apropiado antes de llegar al borde del agotamiento.
Tanto se ha hablado en los últimos años del gran acervo de conocimientos del medio natural que poseen los pueblos indígenas, que pareciera que esta es una clara alternativa para recuperar ecosistemas, especies y suelos que han sido seriamente dañados. No obstante, la lucha que los indígenas contemporáneos realizan por preservar su cultura y su territorio posee una dimensión socioambiental, ya que la conservación del medio es un requisito para su subsistencia material y simbólica. Las propuestas que presento son de carácter inicial, para concretarlas se requiere de estudios detallados que contemplen do instancias primordiales: a) el universo comunitario indígena y sus intereses de desarrollo y; b) las tendencias del ámbito local en el que se encuentran insertas sus comunidades, aún cuando en ciertos casos su presencia, aparentemente, se encuentre en estado de desarticulación de la estructura económica regional.
El escenario
A más de un siglo de haberse iniciado en México la protección de áreas naturales, lejos de contar con una situación de seguridad y fortalecimiento del patrimonio natural que garantice su plena existencia; así como la continuidad de los procesos biológicos y evolutivos, a fin de siglo nos encontramos ante un panorama problemático y poco prometedor que tiene que ver tanto con la ineficiencia de las estrategias encaminadas a la preservación de especies y ecosistemas -propósito primordial de las concepciones más tradicionales de la conservación-, así como con las nuevas demandas de la población rural e indígena en relación con la preservación y respeto de sus territorios, concebidas en las iniciativas para la creación de las regiones autónomas indígenas. Gran parte de los problemas que enfrenta nuestro país, en lo que a conservación ecológica se refiere, están íntimamente vinculados con una larga historia de incomprensiones acerca de las necesidades económicas y del manejo y aprovechamiento cultural de los recursos naturales en su conjunto, lo cual se manifiesta en las erráticas políticas ambientales para este subsector, que han repercutido en su detrimento.
Lo realmente preocupante es que mientras se trata de atacar un problema -que desde la perspectiva conservacionista se reduce a acrecentar la superficie bajo régimen de protección del país-, el manejo inadecuado e indiferenciado de las áreas naturales protegidas (ANP), según su categoría, ha implicado su paulatino deterioro, sumado a la degradación de los ecosistemas del entorno que no se encuentran protegidos. El efecto que genera una política centrada en la conservación endógena de las ANP, que ha soslayado la necesaria normatividad sobre el tipo y ritmo de explotación y aprovechamiento fuera de ellas, genera un doble efecto expresado, por un lado, en el fenómeno de la insularidad (aislamiento total y, en muchos casos irreversibles, del entorno original) y, en consecuencia, la acelerada destrucción de los ecosistemas del contexto ecológico en los que se encuentran ubicadas que, con el paso del tiempo, generan una presión considerable sobre los ecosistemas protegidos originando su deterioro.
En otras palabras, el actual modelo de conservación oficial finca sus posibilidades reales de influencia bajo una lógica que asume como consecuencia "natural" la perturbación del entorno inmediato. La propuesta más avanzada en este campo se manifiesta (básicamente en términos teóricos) en la integración de la población a la administración de las áreas y al aprovechamiento de los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento, lo cual obviamente tampoco ha resuelto el problema, pues a pesar de que existen planes de manejo que así lo conciben, principalmente los de las reservas de la biosfera, la participación indígena y campesina se ha visto limitada por falta de estrategias de vinculación con la comunidad que, dicho se de paso, por lo regular no fue tomada en consideración al momento de hacer los estudios de "viabilidad" ni posteriormente al formalizar su establecimiento a través de un decreto presidencial.
El desconocimiento de las características culturales, necesidades y expectativas de desarrollo de la población, impide integrar programas acordes con las necesidades sociales que de ello se derivan. Al respecto me parece importante destacar cuatro falsos supuestos en los que se sustenta el ejercicio de la conservación ecológica del territorio a través de los siguientes postulados hoy en boga.
1. Los problemas que enfrentan las ANP se resuelven mediante mecanismos de gestión ambiental.
Este postulado, al igual que los tres restantes, se basan en una concepción estrictamente biologisista que no consigue dirimir los conflictos sociales que genera la protección de ecosistemas. Los mecanismos de gestión ambiental (atención de denuncias, programas de reforestación y forestación, promoción de la educación ambiental, monitoreo de áreas protegidas, inventarios de especies, elaboración de leyes y reglamentos, proyectos de ordenamiento ecológico, análisis de riesgos, decomisos de especies, propagación de especies, operación de estaciones de vida silvestre, etcétera) desafortunadamente están orientados a resolver problemas eminentemente ambientales, sin que dentro de sus estrategias contemplen una participación democrática de los diferentes actores sociales afectados (y no beneficiados, como se supondría) debido a la verticalidad de la estructura administrativa.
Los problemas sociales se pueden resolver siempre y cuando el proceso en su conjunto se invierta, es decir, que se tomen en cuenta las propuestas emanadas de la misma sociedad para la protección de áreas y que en los diagnósticos de las mismas se contemplen desde un principio los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, los sistemas tradicionales de cultivo, las actividades de caza, recolección y pesca, y de aquellas tecnologías que puedan ser implementadas o refuncionalizadas para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento agrícola o forestal dentro de las zonas de amortiguamiento. De esta forma, se pueden prevenir y aminorar considerablemente los impactos económicos que, por lo general, sufre la población indígena cuando un área es decretada, ya que la normativa interna de las mismas se los impide. Esto implica que representantes de las localidades involucradas (léase afectadas) puedan opinar sobre el futuro de la conservación, aprovechamiento y protección de los recursos bajo esa nueva condición.
2. La existencia de más ANP garantizará la conservación de especies y ecosistemas.
Otra falsa suposición es que entre más superficie protegida exista, con ello se asegurará la conservación de la biodiversidad, ya que en nuestro país es un buen ejemplo de lo contrario, puesto que de la superficie oficialmente decretada, 83'510,877 ha, equivalente al 42.64% del territorio nacional (429 áreas), el Instituto Nacional de Ecología (INE) únicamente reconoce 89 áreas inscritas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), que cubren alrededor de 6% del territorio nacional (más de 11 millones de hectáreas) El problema que presenta esta concepción es su historicidad, ya que pareciera que el actual grado de presión sobre los recursos de las áreas no protegidas fuera mínimo y que su posible protección puede postergarse indefinidamente. No obstante, al ritmo de protección oficial, en el que se decretan de 3 a 4 áreas por año, principalmente bajo las categorías de reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna silvestre y acuática, monumentos naturales y parques marinos, para el año 2020 podrían existir 75 áreas más, a un promedio de crecimiento de tres por año. Sin embargo, según las estimaciones más optimistas, se prevé que al ritmo de degradación y deterioro que sufre el país entero, de no tomar medidas oportunas, para esa fecha habrán desaparecido grandes superficies de bosques y selvas remanentes hoy todavía existentes, entre otros tipos de ecosistemas que no fueron incorporados al régimen de protección en el momento oportuno. Es importantes señalar que los conceptos de "excelente, aceptable, óptimo y regular estado de preservación" poseen un alto contenido histórico y, que en este sentido, las áreas que aún faltan por proteger presentan ya diferentes niveles de perturbación, por lo que entre más tiempo pase para su protección el deterioro irá en aumento si no se redefine una política coherente de preservación tanto al interior de cada ANP como de su entorno.
Asimismo, todo parece indicar que existen categorías prioritarias, que si bien no se ha hablado expresamente de ellas, en la práctica los esfuerzos de conservación están orientados hacia ellas, tal es el caso de las privilegiadas reservas de la biosfera. Así, se dejan de lado categorías como los parques nacionales, las zonas de protección forestal, los refugios de fauna silvestre, entre otras, sin elementos científicos y técnicos de por medio que justifiquen su exclusión.
Esto representa una franca contradicción, ya que en sentido estricto no existen ecosistemas que sean prioritarios y otros no, pues el conjunto de los elementos de la biosfera son estratégicos para la reproducción de la vida del planeta. Quiero dejar claro que no se trata exclusivamente del nombre asignado a cada categoría, sino de la función para la cual fueron diseñadas y que, en la práctica, no existe un tratamiento específico para cada una de ellas ni planes de operación y manejo acordes con su función. La administración y manejo especializado de cada una de las ANP sería, evidentemente, el reflejo de una política ambiental coherente.
3. Su concesionamiento resolverá los problemas administrativos y financieros.
Otra de las iniciativas que la actual administración ha planteado es el concesionamiento de áreas naturales. Esta medida, que en principio está concebida como un mecanismo mediante el cual las ANP se conviertan en espacios de atractivo turístico, y por lo tanto rentables para los grandes inversionistas -recordemos casos recientes como el de los parques nacionales Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero, y Tepoztlán, Morelos-, deja de lado la posibilidad de impulsar verdaderos procesos de desarrollo socioambiental basados en estrategias de conservación in situ de gran dimensión sustentados en la organización comunitaria.
Un manejo apropiado de áreas naturales tiene sentido y función para sus pobladores siempre y cuando el proyecto en su conjunto les ofrezca beneficios acordes con sus intereses. La derrama económica del turismo en sus comunidades y la comercialización de productos de fabricación local pueden generar grande beneficios susceptibles de ser captados para el desarrollo municipal y comunitario. Obviamente esto implica pensar en modelos de desarrollo no excluyentes.
4. Las ANP son la alternativa para la conservación de la biodiversidad.
Fincar la conservación del patrimonio biológico exclusivamente a través de las ANP bajo los actuales problemas que enfrentan (tala clandestina, extracción y comercialización ilegal de especies de flora y fauna silvestre, caza furtiva, invasiones y creación de núcleos poblacionales, aislamiento paulatino del entorno, incendios inducidos, etcétera), implica abandonar la posibilidad de un planteamiento integral a nivel ecogeográfico nacional y de la restauración de aquellas que a pesar de haber sido incorporadas a ese régimen se han ido degradando. Para que las políticas de bioconservación puedan tener éxito, resulta indispensable apoyar paralelamente las formas de conservación alternativas que, en ciertos casos, han resultado ser más eficientes en la práctica. Me refiero a las estrategias tradicionales de aprovechamiento y manejo sostenible de ecosistemas y recursos naturales en general.
Gran parte de la población indígena y campesina contemporánea conserva en la actualidad un gran cúmulo de conocimientos sobre los aspectos señalados, incidiendo de manera importante en la preservación de su hábitat. La operación de ambas estrategias se concibe dentro de un marco necesario de aprovechamiento y desarrollo económico de las superficies que no se encuentran bajo régimen de protección, pero que con su aprovechamiento regulado y normado impida el deterioro del entorno en el que se encuentran ubicadas. Para que esto pueda ser posible se requiere de un reordenamiento económico del territorio, que norme las actividades de mayor impacto ambiental en los sectores primario, secundario y terciario.
Hacia un modelo de desarrollo socioambiental de las comunidades indígenas de México. Como ya he mencionado con anterioridad, el desarrollo socioambiental de las comunidades campesinas e indígenas del país solo es posible en términos de la conservación de sus particularidades culturales, de modo que los modelos de interacción económica deben ser acordes con dicho propósito. Esto implica tomar en cuenta que la participación de las comunidades locales es un aspecto clave que se encuentra en el centro de la estrategia y que, en este sentido, "desarrollo" no implica necesariamente una ruptura con los patrones étnicos, sino más bien un cambio en su concepción.
En nuestro país, la estrecha relación que guarda la reproducción cultural de la población indígena con la preservación del medio ambiente, implica considerar que, para fortalecer el desarrollo integral de los pueblos indígenas de México, se torna indispensable la integración de nuevos referentes en función de la planeación nacional mediante una estrategia de conservación ambiental de sus territorios, de modo que este aspecto guarde plena concordancia con los modelos y políticas de desarrollo económico nacional y étnico. Ello significa que a la vez que la protección del hábitat constituya una prioridad para su desarrollo, deben establecerse mecanismos que garanticen su participación comunitaria en las diversas esferas de las economías regionales, asegurando que las estructuras locales indígenas se inserten en ellas de modo operativo conservando sus tradicionales formas de relación con la naturaleza, que en esencia reflejan los principios de la moderna sustentabilidad, práctica que por definición antecede a la aparición del concepto.
Propuestas:
I. Instrumentar de un proyecto para el reordenamiento económico regional del territorio con base en criterios ambientales, productivos y culturales, centrado en los siguientes aspectos: conservación y recuperación de suelos aprovechamiento regulado de: bosques y selvas flora y fauna silvestre cuerpos de agua pesquerías restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria normas para la extracción de hidrocarburos e instalación de complejos petroleros reconvención y reubicación de actividades no aptas de acuerdo con la vocación original del suelo.
II. Implementar un programa permanente de evaluación y seguimiento de las acciones realizadas en las ANP, con el fin de contar con informes precisos acerca de su situación, elaborados por lo menos cada 5 años, y poder aplicar medidas correctivas oportunamente.
III. Depurar categorías del SINAP: reconocer la totalidad de superficie decretada por el gobierno federal bajo régimen de protección y difundir las condiciones en las que se encuentra recategorizar áreas con el propósito de que tengan una real funcionalidad crear nuevas categorías en las que se incorporen criterios de carácter socioambiental tradiciones culturales lugares sagrados áreas de caza y pesca tradicional hábitat de grupos indígenas y campesinos espacios etnobiológicos.
IV. Preservar y estimular las formas de producción tradicionales como parte de las medidas de conservación in situ, medida que sólo es posible bajo un nuevo esquema en el que la población participe directamente en la elaboración de planes y programas de desarrollo, con el fin de que estos cuenten con una orientación acorde con sus necesidades y expectativas, con pleno respeto a sus concepciones del mundo. Los aspectos en los que se centra la política para el
desarrollo socioambiental de los pueblos indígenas se expresan en 3 puntos substantivos: a) manejo de recursos naturales; b) bioconservación y; c) ecoturismo.
a) Manejo de recursos naturales: uno aspecto clave para el desarrollo socioambiental es promover el manejo tradicional de lo recursos que ofrecen los ecosistemas en los que ellos habitan. Lo anterior implica recuperar a su vez las tecnologías de bajo impacto ecológico para la producción rural diversificada.
Esta estrategia presenta dos grande ventajas: al apoyar la producción primaria mediante la recuperación de acervos tecnológicos que han sido desplazados por la tecnología moderna, se aseguraría mantener agroecosistemas adaptados al medio y así frenar la tendencia la predominio de monocultivos que empobrecen los suelos y la diversidad del germoplasma nativo.
Sin embargo, es prudente diseñar programas interinstitucionales orientados a cubrir los siguientes aspectos: conservación y recuperación de suelos reincorporando técnicas y tecnologías tradicionales aprovechamiento silvícola regulado relocalización de proyectos ganaderos diagnósticos para el reconocimiento de las actividades primarias acordes con la vocación de los suelos diagnósticos para el incremento de la producción de plantas comerciales elaboración de normas comunitarias para el acceso externo a recursos naturales en tejidos y comunidades b) bioconservación.
b) Biodiversidad: el modelo de desarrollo occidental ha encontrado en los sistemas tradicionales indígenas una alternativa para la conservación de la naturaleza. Dichas estrategias forman parte de las concepciones que las culturas indígenas poseen de su medio, lo que constituye un expresión más de la dimensión cultural de la biodiversidad.
Preservación de la biodiversidad
Al igual que otros países latinoamericanos, uno de los graves problemas que padece nuestro país es la pérdida alarmante de la diversidad biológica, gran parte concentrada en las selvas tropicales habitadas por grupos indígenas y en otras regiones ecológicas.
Una de las alternativas para frenar la extinción de especies animales en las regiones indígenas, consiste en apoyar la creación de criaderos de especies comerciales de gran demanda en el mercado nacional e internacional, identificadas bajo los status de amenazas, raras, endémicas y en peligro de extinción. Asimismo, otra alternativa son los ranchos cinegéticos, en los que se pueden reproducir especies para la caza que abastezcan los mercados regionales.
Áreas Naturales Protegidas
Otro aspecto que en los últimos años ha resultado de interés, es la participación de la población indígena en la administración de ANP. Su participación vendría a resolver, entre otros, el problema de la protección y vigilancia que enfrentan. Es importante destacar que las iniciativas federales y estatales encaminadas a la conservación del patrimonio natural deberán contar con el consenso de la población local para el establecimiento de ANP, sea cual sea su modalidad.
En lo que se refiere a su concesionamiento, son las comunidades locales quienes deberían tener preferencia para gozar de los beneficios que otorga la administración de las unidades de paisaje de sus territorios. La estrategia está en función de que los pobladores sean los concesionarios directos, lo que les permitiría obtener importantes ingresos a través de la promoción del turismo ecológico, por ejemplo.
c) Ecoturismo: el turismo en las regiones habitadas por los pueblos indígenas es un factor potencial para su desarrollo económico, ante el creciente interés tanto de organismos gubernamentales, no gubernamentales y empresariales, por abrir y promocionar rutas alternativas para el turismo nacional e internacional. Esta rama, además de resolver los problemas de comercialización del producto turístico, ofrece alternativas interesantes en términos de beneficios compartidos para los paseantes y los pobladores locales. La estrategia es que los pueblos indígenas consigan ser los operadores del servicio en todo lo que ello implica, manteniendo una relación de colaboración con las agencias de viajes, de modo que sean ellos mismos quienes manejen en su totalidad el proyecto, concebido como una micro-empresa.
Lo cierto es que para poder generar procesos alternativos de desarrollo para las regiones indígenas, su participación es imprescindible a diferentes escalas del proceso, para que la toma de decisiones y la formulación de propuestas sean acordes con sus expectativas y concepciones del bienestar y preservación del territorio. En ello radica el reto de un desarrollo plural y diversificado de este país en vísperas de un nuevo milenio.
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"Territorios indígenas y bioconservación: los retos del desarrollo socioambiental" En La Jornada Ecológica, México, Año 4, no. 47, jueves 20 de junio, 1996.
