Culminó en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, la VII Conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica, donde se reiteró la voluntad por parte de los pueblos indígenas de seguir trabajando para la preservación de los recursos naturales y biológicos, teniendo en cuenta que la diversidad se encuentra en territorios indígenas.

 

Evidentemente, para que ese propósito se cumpla, los participantes señalaron la necesidad de que las instituciones encargadas de salvaguardar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad tengan un mayor compromiso frente a la construcción de procesos de modelos de desarrollo que no avasallen a las comunidades.

 

En tal sentido, el discurso de clausura planteó que: “los Estados, en su ejercicio responsable de la soberanía nacional, deben reconocer y respetar plenamente los derechos inherentes de los pueblos indígenas. Este respeto y reconocimiento a nuestros derechos, debe estar incluido en todos los programas de trabajo del Convenio. Hemos escuchado con mucha preocupación el intento de Nueva Zelanda de borrar texto que reconoce específicamente los derechos a la tierra y agua de los pueblos indígenas, particularmente a la luz de las obligaciones del Tratado de Waitangi. Estos intentos no son aceptables en un foro de las Naciones Unidas, que debe proteger los derechos humanos y políticos de los pueblos indígenas. Por otro lado, queremos expresar nuestra gratitud a las Partes que han mostrado respeto por sus obligaciones y compromisos hacia los Pueblos Indígenas”.

 

Uno de los elementos más contundentes en la declaración final giró en torno al reconocimiento que deben tener los Estados para con los pueblos indígenas en cuanto al respeto que deben tener las trasnacionales frente a los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas. Ese aspecto cobra más vigencia para el caso colombiano, cuando el INVIMA decreta que los laboratorios farmacéuticos nacionales no produzcan una serie de productos en el marco del respeto de las patentes. Pues en ese mismo sentido, los Estados deberían ofrecer garantías para que las transnacionales respeten los conocimientos, saberes y plantas.

 

 

Al respecto, la declaración manifestó: “Los pueblos indígenas seguimos muy preocupados respecto al régimen internacional sobre acceso y distribución de beneficios que se propone. Los pueblos indígenas somos titulares de derechos con derechos inherentes, de propiedad e inalienables sobre nuestro conocimiento tradicional y recursos biológicos. Los recursos genéticos y el conocimiento tradicional están íntimamente unidos. Hemos reiterado de manera coherente que no estamos participando en estas discusiones para facilitar el acceso a nuestro conocimiento tradicional ni a los recursos genéticos en nuestros territorios (...) Reafirmamos que los regímenes de propiedad intelectual actuales son inadecuados e inapropiados para la protección de nuestro conocimiento colectivo y recursos, porque tales regímenes son monopólicos y favorecen la privatización de nuestros recursos bio-culturales por las empresas transnacionales, y solo protegen derechos individuales de propiedad intelectual. En los últimos años hemos sido testigos de la enajenación de nuestros recursos colectivos, y la pérdida de modos de sustento local debido al incremento de la biopiratería”. 

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