Después de aplazada la reunión programada para el 5 de diciembre entre delegados indígenas del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), funcionarios del Departamento y voceros del Gobierno Nacional con capacidad de negociación, el 6 de diciembre se reunieron dichos estamentos para definir los acuerdos específicos con relación a la liberación de la Madre Tierra y el cronograma de compra de tierras. 

Antes de ingresar a este encuentro de la mesa de concertación, el Consejero del CRIC, Aparicio Ríos, afirmó a Actualidad Étnica  que “…se espera concretar con el Gobierno un plan de compras de aproximadamente veintiocho mil hectáreas, definir la liberación de la Madre Tierra en aproximadamente diecisiete predios, establecer métodos eficaces para la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y esclarecer varios procesos judiciales que se adelantan contra algunos indígenas detenidos, como el de Vicente Otero de Pasto Nariño”.

Agrega Ríos que las Comunidades Indígenas también proponen una reforma agraria, que tenga como objetivo principal suministrar territorios, no sólo a los Pueblos Indígenas, sino también a los sectores más pobres de la población colombiana, con el fin de proveer fuentes de autoabastecimiento y empleo.

En otra instancia, durante una de las reuniones de información entre los Consejeros del CRIC y los delegados zonales, llegó la noticia de unos ataques de la Fuerza Pública sobre las personas que actualmente se encuentran en los límites de la hacienda El Japío, y que sólo esperan el pronunciamiento oficial sobre la situación jurídica de la finca Establos del Sur, de la que el Gobierno se dio un plazo máximo hasta el 15 de diciembre para emitir una comunicación, porque aún no se tiene claro si ha sido confiscada al narcotráfico, devuelta a sus dueños o va ser comprada para las Comunidades Indígenas. Según informa el CRIC, durante este ataque de la Fuerza Pública a la población civil, varias personas resultaron desaparecidas y el joven Eibar Cuchillo, del Resguardo de Caldono detenido, además se registró la quema de la ropa de los comuneros y la confiscación de sus alimentos.

En un aparte de un comunicado del CRIC, emitido el 5 de diciembre, esta acción del Estado fue considerada por las Autoridades Tradicionales Indígenas como un evento no conveniente para los acercamientos entre las dos partes negociadoras, pues consideran que los intentos de resolver los conflictos de tierras mediante la represión y la deslegitimación de quienes reclaman sus derechos, implican violaciones a los derechos civiles e incrementan el clima de violencia. De otra parte, en el mismo documento se afirma que a partir de este momento, cuando sea necesario aplazar un encuentro en la mesa de concertación del proceso de liberación de la Madre Tierra, se debe notificar con 10 días de anticipación para evitar gastos de desplazamiento inútiles para las comunidades indígenas.