No asistir a la reunión convocada por el Incoder en la que se abordarÃa la problemática de la palma Aceitera, programada para el 2 de diciembre, fue la decisión que tomaron las comunidades afrodescendientes y mestizas de Jiguamiandó y Curvaradó, como respuesta a los incumplimientos de los acuerdos pactados con dicha entidad.
La decisión, tomada en Asamblea General en el caserÃo El Guamo a finales de noviembre, señala que “antes de hablar de proyectos, esperan la respuesta del Gobierno Nacional, al compromiso adquirido el 4 de septiembre de “entregar los tÃtulos de propiedad que los empresarios de la palma dicen tener en nuestros territorios colectivos adjudicados por el gobierno nacional en el marco de la 70 de 1993â€.
Del mismo modo señalaron que el gobierno no ha dado respuesta “a los 14 puntos de la resolución del mes de marzo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todo el relacionado con el que garantiza condiciones para nuestro retornoâ€.
Con estos argumentos, y a través de carta dirigida al gerente general del Incoder, Luis Ortiz López, dejaron en claro que no asistieron a la reunión en cuanto esta desconocÃa lo acordado. La carta fue firmada por Ligia Maria Chaverra, representante legal de Curvaradó y Francisco Eladio blandón, delegado del Consejo de Jiguamiandó.
Por otro lado, las organizaciones de iglesias cristianas, de derechos humanos, agencias humanitarias de cooperación y plataformas, en cabeza de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz solicitaron al fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, una reunión urgente para discutir sobre la problemática de los procesos judiciales e investigaciones en curso y las judicializaciones sobre los Consejos Comunitarios y organizaciones del Bajo Atrato. Sin embargo, aún no han obtenido respuesta.
En la carta, que fue radicada con fecha del 28 de octubre, se señala que su petición obedece a la situación de riesgo de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó por su decisión de afirmar su condición de población civil en medio de la confrontación y de defender sus territorios ante la apropiación y siembra ilegal de palma de aceite. De igual forma por las presiones que padecen familiares de testigos en Belén de Bajirá y la ausencia de investigaciones tendientes a identificar las relaciones existentes de tiempo, modo, lugar, responsables de los 111 crÃmenes cometidos contra estas comunidades desde 1996 hasta hoy.
