Una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los por los Derechos Humanos (CCIODH) entregó su informe sobre Atenco en la ONU. El documento pretende informar sobre las graves violaciones a los derechos humanos, asà como instar a esta institución a que actúe, dentro de su competencia, para facilitar la justicia y la reparación de daños en el conflicto desencadenado en Texcoco y San Salvador Atenco el 03 y 04 de mayo.
Tomado de Adital
Probado uso excesivo de la fuerza pública
Adital - Una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los por los Derechos Humanos (CCIODH) entregó su informe sobre Atenco en la ONU. El documento pretende informar sobre las graves violaciones a los derechos humanos, asà como instar a esta institución a que actúe, dentro de su competencia, para facilitar la justicia y la reparación de daños en el conflicto desencadenado en Texcoco y San Salvador Atenco el 03 y 04 de mayo.
Las conclusiones y recomendaciones del informe consideran probado un uso excesivo de la fuerza pública, que el gobierno recurrió al empleo de la fuerza pública sin agotar todos los medios posibles no violentos para resolver el conflicto; que no actuó en el marco del Estado de Derecho y que no respetó los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Consideran probada la violación masiva de los derechos humanos, entre ellas las torturas sexuales contra la mayor parte de mujeres detenidas. Recomiendan el cese inmediato de Wilfrido Robledo Madrid, Comisario General de la Agencia Estatal de Seguridad, asà como el de Alejandro Eduardo MartÃnez Aduna, responsable del operativo de la PolicÃa Federal Preventiva, como responsables polÃticos de los operativos policÃacos. Igualmente recomiendan la liberación de todos los detenidos en Santiaguito y La Palma bajo el principio de presunción de inocencia, dado las violaciones del derecho a un proceso justo y con las debidas garantÃas procesales.
La Comisión considera que los abusos policiales representaron una grave vulneración masiva de derechos humanos que se tradujo en una serie de presuntos hechos delictivos como las detenciones ilegales, allanamientos de moradas injustificados, la muerte de una persona, una agresión con resultado de muerte cerebral, actos de tortura, multitud de agresiones fÃsicas, verbales y morales, graves atentados a la libertad sexual (incluso violaciones), vulneraciones de los derechos procesales de los detenidos, entre muchos otros.
Además la Comisión pide el cese del comandante David Pintado Espinos, máximo responsable policial del operativo de la policÃa estatal; y del jefe del Estado Mayor, el general de Brigada Ardelio Vargas Fosado. Ella considera que las graves vulneraciones de derechos humanos descritas en este informe son consecuencia directa del problema estructural de impunidad del que han gozados, históricamente y hasta el dÃa de hoy, los agentes de los diferentes cuerpos de seguridad mexicanos en ejercicio de su función pública.
La Comisión considera que se deberÃa proceder con la mayor diligencia y celeridad a la averiguación y esclarecimiento de los hechos acaecidos en Atenco. En ese sentido, la Comisión muestra su preocupación por el hecho de que el inicio de la campaña electoral está significando un retraso injustificable en la investigación y persecución de los agentes de policÃa responsables de las vulneraciones de los derechos humanos descritos en este Informe.
También considera que existe un conjunto mÃnimo de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados que deberÃan implementarse de modo inmediato. Las medidas de reparación deberÃan ser consensuadas con los propios afectados e incluir, como mÃnimo, y siguiendo la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para situaciones similares a la presente.
Son ellas: reparación moral, con restitución del honor de las vÃctimas y del daño inflingido a su imagen privada y pública a través del reconocimiento oficial del trato injusto y vejatorio recibido y del daño provocado por el hecho de ser considerados como delincuentes; reparación emocional de las personas afectadas; reparación del daño comunitario a través de programas de reconstrucción del tejido social; reparación económica; reparación legal; reparación social, articulando los mecanismos que garanticen que no existen limitaciones al uso de la ciudadanÃa, la participación social y polÃtica individual u organizada de la población de Atenco; y reparación histórica,con el reconocimiento de la verdad histórica que permita la creación de una memoria colectiva que prevenga situaciones similares futuras.
