La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas de que fueron víctimas los Gobernadores indígenas Martín Siagama Gutiérrez y Leonardo Fabio Siagama, miembros de la comunidad indígena Embera-Chami, quienes recibieron mensajes de muerte por parte del Bloque Sur, reconocido como uno de los grupos armados ilegales que operan en el departamento de Risaralda. Según versiones de los Gobernadores Mayores en la queja presentada a la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, en los celulares de ambos miembros se recibieron mensajes de texto que decían literalmente “señores organizaciones de la Junta directiva le damos 5 dia avile para que retire toda la junta porque son corruto o sino lo matamos la familia, ATM Bloque Sur”.
Luego de la Audiencia Pública
La Defensoría del Pueblo observa con mucha gravedad que estas amenazas se hayan producido un día después de realizada una Audiencia Pública coordinada por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, a solicitud del Consejo Regional de Autoridades Indígenas de Risaralda (CRIR), y a la que se convocó a las autoridades del departamento de Risaralda y del orden nacional para evaluar la crisis humanitaria y de graves violaciones a los derechos humanos que viven los miembros de las comunidades de esa región del país.
La Defensoría del Pueblo presentó en la Audiencia Pública recomendaciones a las autoridades competentes del orden regional y nacional, para que se adopten medidas urgentes que garanticen el respeto de los derechos fundamentales del pueblo indígena Embera-Chamí integrado por 25 mil personas en el departamento de Risaralda, así como de sus líderes y del respeto a la autonomía territorial, la defensa del derecho a la vida, la integridad personal y los valores culturales de esa étnia.
Llamado urgente
Frente a estas nuevas amenazas, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, regional y municipal, atiendan la crisis humanitaria de la comunidad Embera-Chamí y protejan a los miembros de la misma frente a las amenazas de muerte, intimidaciones, señalamientos y las graves vulneraciones de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las libertades civiles de que han sido víctimas.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo insta a los organismos de seguridad a ofrecer protección a los líderes indígenas amenazados y a la Fiscalía General de la Nación a adelantar investigaciones rigurosas para judicializar a los responsables de las amenazas
