La violencia ha vuelto a cebarse con los Embera-Chamí en Risaralda. Un joven alguacil del Resguardo de Purembará, en el municipio de Mistrató, fue asesinado el pasado domingo por un desconocido cuando se desplazaba en un transporte público. Además, se han multiplicado las amenazas contra dirigentes indígenas relacionadas con la publicación de datos de comisión humanitaria.
Así lo hizo saber el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que ha extendido el llamamiento por la paz y contra la impunidad a todos los sectores sociales, sindicales, populares y organizaciones protectoras de derechos humanos.
Según el comunicado remitido por esta organización y al que ha tenido acceso Actualidad Étnica, el domingo 11 de octubre a las 11.30 de la mañana el joven Leonardo Wazirukama, perteneciente a la Guardia Indígena del resguardo de Puremberá, falleció por un disparo realizado desde el vehículo en el que se desplazaba, obra de un hombre blanco desconocido que huyó a la vereda Nacederos, a 10 minutos de Mistrató, en el departamento de Risaralda.
El comunicado recoge también las amenazas que durante estas últimas semanas han recibido los miembros del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR). A través de un mensaje de texto enviado a los celulares de varios consejeros el primero de octubre, un grupo armado autodenominado Bloque Sur que operaría a lo largo de todo el departamento daba cinco días de plazo a los dirigentes indígenas para renunciar, a riesgo de morir asesinados junto a sus familias.
Estas amenazas e intimidaciones podrían estar relacionadas con la Audiencia Pública que se realizó los últimos días de septiembre y en la que se socializaron los resultados de la Comisión Humanitaria que este año llevaron a cabo la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) con miembros de organizaciones sociales y de entidades multilaterales.
En esa audiencia, según denuncia el Comité Permanente, se presentaron problemas porque un representante de la Gobernación de Risaralda afirmaba haber denunciado a varios líderes indígenas por corrupción.
Por último, cabe anotar que en la vereda Nacederos, donde huyó el supuesto pistolero, han sido asesinados dos miembros más de la comunidad Embera-Chamí en el último año y medio. El 25 de julio de 2008 le tocó el turno al Gobernador Hugo González Bernaza y el primero de febrero de este año a José Dionicio Córdoba Chicama, poco antes de salir a la luz pública el auto 004 de la Corte Constitucional del 26 de febrero en el que se obligaba al Gobierno Nacional a formular un Plan de Salvaguarda para la etnia Embera-Chamí, que de momento parece haber tenido un impacto prácticamente nulo.
En el comunicado el Comité Permanente demanda la protección inmediata del pueblo Embera-Chamí así como el inicio de la investigación para esclarecer el asesinato de Leonardo Wazirukama y las amenazas recibidas por los miembros del CRIR.
