Por: Santiago Martínez Holguín
Hemera Consultores SAS
El artículo reseña denuncia de la ONIC ante la CIDH del peligro de extinción de 65 pueblos indígenas en Colombia
El día 14 de marzo de 2013, se realizó la Audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia en sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La representante de la ONIC, Patricia Tobón, actuando en la calidad de peticionaria, evidenció ante la Comisión la situación que en la actualidad atraviesan los pueblos indígenas en Colombia. En su intervención, se refirió a la grave situación en que se encuentran no solo los 35 pueblos que la Corte Constitucional en el Auto 004 declaró en riesgo de extinción física y cultural, sino adicionalmente otros 30 pueblos indígenas que están al borde de desaparecer.
La peticionaria fue clara en enfatizar que estos 30 pueblos no gozan de la protección jurídica que brinda el Auto 004, es decir, que no dispondrían de herramientas como los planes de salvaguarda, que buscan la pervivencia de estas comunidades. El Gobierno en todo caso presenta cifras y estadísticas que evidencian la inversión del Estado en un sin numero de programas con resultados, que en la realidad son irrisorios, y no han alcanzado una verdadera protección de los derechos de los pueblos indígenas. Respecto de este punto, Patricia Tobón afirma que CODHES, en seguimiento de los Autos 004 y 173, ha demostrado que el Estado colombiano ha reportado millones de pesos en inversión, pero que no existen avances en materia de protección a los pueblos indígenas, “la mayoría de la inversión se queda en la burocracia de la clase política de los contratos”.
Es aun más preocupante oír a la representante de la ONIC, cuando afirma que estas dificultades se presentan en su gran mayoría por intereses económicos, que obedecen a las necesidades del mercado y la presión de las industrias extractivistas al Gobierno, para que este les otorgue mas libertad –de la que ya gozan- en la explotación de recursos naturales, que en su gran mayoría se encuentran en territorios habitados por estas comunidades. Esta situación de riesgo se intensifica cuando existe todo un accionar militar tanto legal como ilegal en estos territorios, ahondado con la celeridad en el otorgamiento de títulos mineros que han producido no solo desplazamiento y homicidios, sino que además deja a ciertas comunidades al borde de la extinción.
El gobierno a través del Viceministro para la Participación e Igualdad de derechos del Ministerio del Interior, Aníbal Fernández de Soto, evidenció que solo se ha podido adelantar 17 planes de salvaguarda, de 35 que obligó la Corte Constitucional. Esto se agrava con las denuncias de la ONIC, que demuestran que en la mesa permanente de concertación, se han producido 160 acuerdos con el Gobierno, de los cuales no hay ningún avance significativo, quedando todo en el papel.
Todo lo anterior evidencia la situación actual de estos pueblos indígenas que están ad portas de desaparecer, debido a los intereses económicos de ciertos sectores, que han generado condiciones tan desfavorables para estas comunidades, que se requiere acudir a escenarios internacionales, para evidenciar una realidad que muchos colombianos han decidido no escuchar ni ver, pero que afecta gravemente a nuestro país. Esto es solo un tema critico alrededor de estas poblaciones, que durante siglos de colonia y conquista, ven la desaparición cultural y física como una realidad cercana, ante los ojos indiferentes de la sociedad colombiana.
