Por: Genaro Bautista
Representantes indígenas de una veintena de países, reclamaron no ser incluidos en el panel de la Presentación del documento guía sobre Planes de Acción Nacional por el Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, efectuado en el Palacio de Naciones.
Cuestionaron la falta de voluntad política de los Estados para solucionar las demandas indígenas y su inclinación por criminalizar y asesinar a dirigentes que defienden sus territorios.
Andrea Carmen, del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), lamentó que los pueblos indígenas como actores centrales de los derechos no hayan sido invitados.
En las reuniones preliminares del 3er Foro de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que tiene lugar del 1 al 3 de diciembre en Ginebra, enviados del sector empresarial, enaltecían las bondades de la industria, en la reparación de daños y protección de los derechos humanos.
Sin embargo, su optimismo no es compartido por ONG’s quienes asestaban bofetadas y calificaban las declaraciones de gobiernos y la iniciativa privada como una mentira desproporcionada, ya que apuntaban raya en la corrupción y medidas coercitivas para sus fines de lucro.
Para los activistas y representantes indígenas, se debe a emplazar a las empresas a resarcir los daños causados por su desmedida ambición que ha traído severas afectaciones a los territorios de los pueblos originarios.
Los delegados indígenas de México, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Rusia, Noruega, Namibia, entre otros, consideran que las empresas imponen su voluntad por encima de los Estados, lo que pone en riesgo la integridad física y cultural de los pueblos indios.
Los pueblos indígenas consideran que no existen mecanismos efectivos para la reparación del daño y es muy evidente esto en la Guía sobre Planes de Acción Nacional por el Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos.
Afirman que es importante establecer juicios en tribunales internacionales a fin de que las industrias cumplan con las comunidades indias.
En este sentido coincidieron expositores en el panel: “Pueblos Indígenas y acceso a la justicia y al remedio en el contexto de las actividades empresariales”.
Luis Vittor, de la Coordinador Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), afirmó que hay que estar pendientes que los Estados cumplan con sus obligaciones en que las empresas cumplan con su responsabilidad de resarcir los daños, además de estructurar mecanismos de reclamación.
Dalee Sambo Dorough, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpus, Relatora especial sobre los derechos de losw pueblos indígenas de Naciones Unidas, Pavel Sulyandziga del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los negocios y los derechos humanos, Thomas Jolong, presidente de la Red Nacional de Pueblos Indígenas de Malasia y Aurelio chino de la Amazonía del Perú, fueron contundentes en sus juicios al sector industrial.
Para Dalee Sambo, Inuit de Alaska. La reparación del daño enfrenta una gran complejidad, dado que los valores con vistos desde distintas ópticas.
Abundó que mientras para la sociedad occidental la indemnización se concibe desde un puntos de vistga individual, en el caso de los pueblos indígenas se mira desde una concepción colectiva.
Lo anterior, afirma, impide que los detractores de los recursos naturales, garanticen la reparación del dañpo a la identidad de los pueblos indígenas, dado que va más alla de la restitución material, es una relación más profunda con sus territorios, tienen otra dimensión, apuntó.
Por ello subraya, debe de tomarse como principio lo estipulado en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT), o la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En estos textos, indica, se asienta el concepto de autodeterminación donde se dice que los Estados deben realizar reformas legislativas en beneficio de los pueblos indígenas dado que estas sociedades son más vulnerables.
En el mismo sentido se pronunció Pavel Sulyandziga, para quien debe tomarse como referencia el Documento Final de la recién Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de la ONU, donde los gobiernos se obligan a cooperar sobre todo lo relacionado con la responsabilidad de las industrias extractivas y estar atentos a que estos no afecten a las sociedades originarias.
Los panelistas indígenas coincidieron en que la consulta es endeble y la mayoría de las ocasiones, es más un diálogo de sordos de los Estados para justificar la entrada de transnacionales carboníferas, eólicas, mineras o forestales en territorios indios.
Es el caso de los 44 años de explotación petrolera que sin ningún pudor, contaminó los ríos y lagos de la Amazonía peruana en complicidad con el Estado quien ha hecho caso omiso de la exigencia de solucionar esta situación de los indígenas de esta región, quienes consumen agua infectada de metales pesados.
Ante ello, Jakeline Romero Epiayu, Wayuu de Colombia, lo mismo que Verónica Huilipan de la Confederación Mapuche Argentina del Nequén, así como Carlos de Jesús Alejandro de México, exigen a los gobiernos solucionar de inmediato las demandas indígenas.
Tomado de: AmLatina
