Un programa de Participación Ciudadana denominado “Vigías del Patrimonio” lanzan en  Santander  hoy la Ministra de Cultura, Doctora Maria Consuelo Araujo Castro y  el Defensor del Pueblo, Doctor Volmar Pérez, para presentar a la comunidad  las publicaciones y herramientas jurídicas que permitan que los colombianos participen de manera activa en la conservación,  defensa y protección del patrimonio cultural.

 

En desarrollo de esta iniciativa se  busca ampliar los espacios de participación social en la conservación, defensa y protección del patrimonio, elaborando proyectos, programas y acciones que adelantan las distintas entidades responsables del manejo del patrimonio cultural. De esta manera, las comunidades se apropian del patrimonio y trabajan por su sostenibilidad, a través de un espacio de convivencia y tolerancia y una oportunidad para generar acuerdos y pactos en las relaciones interculturales.

 

Las cartillas que hoy se entregan oficialmente a la comunidad, contienen información sobre la importancia de los derechos culturales y ciudadanos, orientan al lector sobre los derechos que pueden ser vulnerados y enseñan sobre la manera de actuar para prevenir o denunciar las violaciones o amenazas contra el patrimonio cultural.

 

El Defensor del Pueblo recordó durante su intervención que existen situaciones en las que se viola el derecho a la defensa del patrimonio cultural como la carencia o el inadecuado mantenimiento de los bienes culturales, con la consecuente pérdida de la historia de una comunidad, el tráfico ilícito de bienes culturales,  la ausencia de mecanismos de seguridad que lleven a que los objetos sean saqueados o trasladados ilegalmente y el desconocimiento del patrimonio cultural.

 

De igual manera recomendó acciones que contribuyan a la preservación del patrimonio cultural,  entre las que están el conocimiento de lo que tenemos, el desarrollo de campañas educativas las acciones preventivas, el conocimiento de los instrumentos legales y la utilización de los mecanismos de protección.

 

Señaló el Defensor que el ordenamiento jurídico consagra una serie de mecanismos que fortalecen los espacios de participación democrática, los cuales permiten la intervención de las comunidades en defensa del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural.

 

“Las comunidades tienen derecho a ser informadas, a decidir, a opinar y a proponer normas y a solicitar que se cumpla lo dispuesto en los instrumentos jurídicos y a que se debatan temas relacionados con el conocimiento, valoración, protección y difusión de los bienes culturales”, terminó diciendo el Defensor en su intervención.

 

Uno de los temas centrales de la cartilla corresponde a los mecanismos de tipo judicial que pueden utilizarse para preservar el patrimonio cultural entre los que están la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo y la acción de cumplimiento, entre otros.

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