La campaña "Salvemos el mar chileno", organizada por el Movimiento de los Pueblos, paraliza el proyecto de reforma acuícola que pretendía salvar la industria salmonera convirtiendo al mar austral en propiedad privada.
Los pescadores artesanales chilenos ya pueden dormir tranquilos. El proyecto de reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura, presentado por la presidenta Michelle Bachelet el pasado 9 de enero y que buscaba salvar la industria salmonera privatizando parte del mar austral, ha sido retirado ante las innumerables protestas de las organizaciones sociales.
El proyecto de reforma había sido impulsado por el antiguo subsecretario de Pesca y actual coordinador de la llamada "Mesa del Salmón", Felipe Sandoval, pero las cosas comenzaron a torcerse cuando hace unos meses la Contraloría chilena le sancionó por la rendición de 300 millones de dólares que se entregaron como bonos a cesantes durante su ejercicio en el ministerio, cuando todavía era presidente Ricardo Lagos.
La Mesa trataba de impulsar la creación de barrios salmoneros en el mar interior de Chiloé, al sur del país, pero la fórmula puso en desacuerdo a casi todos: la idea de Bachelet era traspasar 450 millones de dólares a las salmoneras transnacionales a través de los bancos a cambio de entregar a estos las concesiones. Pero la idea tenía un problema: era necesario cambiar el estatuto jurídico de las concesiones salmoneras, para que pudiesen pasar a ser propiedad privada de sus dueños.
La cuestión, según interpretaron las organizaciones sociales, se resumía en
que mientras el Estado ponía el dinero y el mar, las salmoneras se quedaban con el dinero y los bancos con el mar.
El Movimiento de los Pueblos chileno, viendo lo que se le venía encima, en diciembre pasado lanzaba la campaña "Salvemos el mar chileno", con grupo de Facebook incluido. La organización tiene claro que la industria salmonera en Chile ya no tiene remedio, y desde luego no puede barajarse ninguna solución sin contar con la opinión de los pescadores artesanales. La protesta estuvo apoyada en todo momento por los editores del periódico El Ciudadano.
El pasado 16 de abril los máximos responsables de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach) decidieron rechazar el proyecto de reforma, puesto que en el artículo 47 de la actual Ley de Pesca se establece que las aguas interiores de Chiloé están reservadas para uso exclusivo de pesca artesanal.
Entre otras personalidades que han mostrado su rechazo de forma contundente al intento de privatización del mar chileno se encuentran el senador Nelson Ávila y los diputados de la Concertación de Partidos por la Democracia, que ya anunciaron el pasado mes que no darían sus votos al proyecto de reforma. Al final se demostró que los únicos apoyos que tenía el Gobierno de los socialistas eran, paradójicamente, los de la derecha.
Ahora se impone el ideario plural de los pescadores artesanales, que se reunirán con los salmoneros y el Gobierno para implementar medidas concretas ante la situación crítica que atraviesa el sector.
Los pescadores piden ayudas para los salmoneros despedidos y atisban una solución si se crean cooperativas de trabajadores que procesen los pescados provenientes de la pesca artesanal mientras que para paliar el descenso en la productividad se centrarían por ahora en apoyar el proyecto de acuicultura presentado por el senador Ávila, que busca regular la actividad pesquera a niveles sustentables y no destructivos.
