Mientras el Gobierno de Lula se enfrenta al examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, varias ONGs presentan un informe sobre las causas estructurales de la violencia en Brasil que coloca a las políticas estatales de seguridad y lucha contra la pobreza en el punto de mira.
"El proceso de violencia en Brasil parte del Estado al criminalizar a los pobres". Es una de las conclusiones a las que ha llegado el informe "La Criminalización de la Pobreza - Un Informe sobre las Causas Económicas, Sociales y Culturales de la Tortura y de Otras Formas de Violencia en Brasil", presentado por Justicia Global en el marco de la 42ª Sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Acompañada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle (MNMMR), Justicia Global hizo público un documento en el que destaca como causa fundamental de la violencia en Brasil "cómo el Estado utiliza esa violencia", en palabras de Rafael Dias, uno de los investigadores. "Uno de los principales problemas en Brasil es la seguridad pública, y el Estado criminaliza a los más pobres", continúa. "La policía actúa en forma diferente en relación con ricos y pobres. Con los pobres es más violenta", argumenta.
El documento incide en la desigualdad económica y social, la respuesta del Gobierno o las malas condiciones de las cárceles brasileñas como los elementos fundamentales que provocan una violencia que se exacerba contra las mujeres, los niños y los movimientos sociales y las organizaciones que defienden los derechos humanos en Brasil.
Además, el informe hace una serie de recomendaciones al Gobierno de Lula para revertir la situación, como la promoción y protección de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, igualdad para las mujeres y no discriminación.
De las conclusiones se desprende que lo importante no es "Vigilar y castigar", como diría Foucault, sino mejorar el bienestar social de las familias más desfavorecidas (también en las favelas) en una propuesta que debería incluir iniciativas de empleo, cobertura básica en salud, educación y campañas para mejorar el estatus de las mujeres.
Sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes, el documento recomienda luchar contra el racismo de buena parte de la sociedad brasileña y mejorar, de nuevo, las infraestructuras básicas de estas poblaciones incluyendo medidas de discriminación positiva.
Lo que parece claro una vez leído el informe es la dependencia que tiene la violencia de la marginación social, la exclusión y la pobreza, tanto si se trata de violencia intrafamiliar, social o policial.
Representantes del Gobierno brasileño ya han dicho que están preparando una respuesta a este informe para aclarar algunos de los puntos.
El documento se presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en un momento crucial para reivindicar a Brasil el cumplimiento de las obligaciones que contrajo cuando suscribió el Pacto del mismo nombre, puesto que hoy y mañana el Comité evaluará la actuación del Gobierno de Lula en lo concerniente a esta norma internacional.
Otros países latinoamericanos que tendrán que enfrentarse a este examen de la ONU en 2009 son Colombia (del 25 al 29 de mayo), Uruguay (del 23 al 26 de noviembre) y la República Dominicana (del 23 al 26 de noviembre).
