Chile se enfrenta al Examen Periódico Universal de la ONU con fuertes críticas sobre la situación de los mapuches, la discriminación de género y el problema con los retrasos de las sentencias relativas a los desmanes de la dictadura militar. Multitud de ONGs esperan mañana unas conclusiones que seguramente reprobarán la actuación del Gobierno de Bachelet.
El informe presentado por el Gobierno chileno sobre la situación de los derechos humanos en ese país en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha suscitado muchas dudas en lo referente a la falta de garantías y derechos constitucionales del pueblo mapuche.
La delegación de México ha dicho que "Chile debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ámbito político y continuar con el proceso de demarcación y titulación de tierras". Suecia dejaba ver su preocupación por las "graves inquietudes sobre los derechos territoriales" y la delegación de la República Checa ha hablado directamente de "persecución y abusos contra el pueblo mapuche", según informa el diario español La Voz de Galicia.
Otros países latinoamericanos, como Uruguay, Bolivia o Brasil, dejaron un poso más conciliador, instando al Gobierno de Bachelet a "profundizar el respeto al indígena, su riqueza cultural y su acceso a la propiedad y el disfrute de la tierra".
En contrapartida a todas estas críticas, el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Marifil, respondió que "actualmente el Congreso tramita una ley que reconocerá a los pueblos indígenas, brindará protección a sus derechos sobre tierras y aguas y les permitirá participar de decisiones políticas y promover sus culturas y costumbres".
Mientras tanto, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, anunciaba exultante la "muy buena acogida de todos los países ante la situación global de Derechos Humanos en Chile", un comentario alejado de la realidad y ceñido a la gratitud mostrada por la delegación palestina por acoger a algunos refugiados de ese país.
Algunos países también instaron a Chile a combatir con más fuerza la violencia contra las mujeres y a lograr que reciban una paga equitativa a la de los hombres. Igualmente, las delegaciones presentes consideran fundamental que el Estado chileno acelere las investigaciones y los juicios relativos a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Organizaciones de derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Corporación Humanas o CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) han puesto en entredicho la veracidad del informe presentado por el Gobierno, tildándolo de "maquillado, antojadizo y mentiroso".
El Examen Periódico Universal de la ONU ha tenido en cuenta el informe presentado por Chile, así como otro elaborado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y uno más suscrito por organizaciones no gubernamentales.
La supervisión estuvo en manos de Senegal, Cuba y Qatar (elegidos por sorteo), que mañana día 12 presentarán un informe final que se presume bastante crítico. Una vez estudiado, el Gobierno chileno se pronunciará aceptando y/o rechazando las conclusiones del resto de Estados. Posteriormente, el documento será elevado para su adopción a la sesión de septiembre del Consejo de Derechos Humanos.
