El enfrentamiento tuvo lugar en El Reposo, a 4 km. de la "Curva del Diablo", nexo entre las provincias de Bagua y Utcubamba, en el departamento de Amazonas.
La radio La Voz de Utcubamba informaba a primera hora de la mañana del viernes que un grupo de efectivos de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y el Ejército habría tratado de desalojar a los 2.500 indígenas Awajún que bloqueaban la carretera de Bagua desde hace 10 días, arribando a la zona con diez helicópteros y lanzando bombas lacrimógenas durante unos 30 minutos, inmediatamente antes de que comenzase el tiroteo.
El dirigente Awajún Julian Taíz declaraba poco después a la Coordinadora Nacional de Radio que unos 15 indígenas habrían fallecido durante los enfrentamientos, si bien esta cifra ascendió a 22 conforme se han ido conociendo nuevas informaciones.
El director del Hospital de Bagua Chica, Remigio Cabrejos, ha afirmado que a lo largo de la mañana habría recibido 7 pacientes de bala y un número indeterminado de heridos producto de las bombas lacrimógenas.
Versiones contradictorias
A partir de aquí las versiones son contradictorias porque la policía ha acordonado la zona y no es posible confirmar con seguridad el número de heridos y fallecidos por ninguna de las partes.
El director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, se apresuró a confirmar que cuatro agentes habrían fallecido porque "los nativos dispararon a un helicóptero de la Dinoes que sobrevolaba la carretera".
Unos minutos después, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo, aumentaba a siete los policías fallecidos "por disparos de los nativos", en declaraciones a Radio Programas del Perú.
El sábado se conocían los últimos partes oficiales del Gobierno, que han cifrado en 22 los policías muertos en el enfrentamiento.
En el otro lado, un dirigente nativo identificado con el apellido Cabello, que decía haber presenciado el tiroteo, declaraba poco después en una conversación con Radio Capital que "por impactos de bala tenemos cinco hermanos muertos en este momento" además de 12 heridos de gravedad porque "la policía los atacó desde un helicóptero".
En la tarde del viernes conocíamos las primeras declaraciones del Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, que aumentaba la cifra de indígenas fallecidos hasta los 22.
En una conferencia de prensa en Lima, Pizango precisó además que uno de los fallecidos era un alto dirigente de la zona llamado Santiago Manuin, Presidente del Comité de lucha amazónica.
Alberto Pizango responsabilizó al Gobierno de Alan García por "ordenar el genocidio. Ellos nos están tirando balas como animales", denunció.
Pizango rechazó que los indígenas estuviesen armados. “Los pueblos indígenas no están armados. Sólo tenían sus flechas y no para atacar”.
“A nuestros hermanos los han matado, los han fusilado, sólo por defender el derecho de todos los peruanos a vivir dignamente y al territorio”.
Otras informaciones aumentan el número de indígenas fallecidos hasta el medio centenar, y resulta muy preocupante el testimonio de Zebelio Kayap, Presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), quien aseguraba desde la zona de conflicto a Nueva Tribuna que "los cuerpos de los fallecidos están siendo desaparecidos por efectivos policiales de la Dinoes" y por eso no encuentran los cadáveres.
Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos confirmó que ha recibido denuncias extraoficiales sobre la posible quema de cadáveres por parte de efectivos policiales.
Según ha informado el diario La República, dos periodistas que cubrían los hechos también habrían podido fallecer durante el tiroteo.
Servando Puerta, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian) indicó a Associated Press que el enfrentamiento con la policía dejó también 50 campesinos indígenas heridos.
Por otro lado, el opositor y líder nacionalista Ollanta Humala afirmó en rueda de prensa que "el Gobierno ha decidido resolver el problema social, económico y político no en el Congreso, sino en el campo de batalla".
De acuerdo con un comunicado de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la masacre fue "la respuesta dictatorial después de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones".
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y un sinnúmero de organismos de derechos humanos exigieron también al Gobierno detener el choque cuanto antes.
A última hora del viernes el Primer Ministro Yehude Simon comparecía para anunciar que un grupo de 38 policías había sido secuestrado por los manifestantes en las proximidades de las instalaciones de la empresa Petroperú, aunque las últimas informaciones revelan que la mayor parte de ellos fueron puestos en libertad a lo largo del sábado.
Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana cumplen esta semana dos meses de movilizaciones después de que el Consejo de Ministros peruano aprobase varios decretos legislativos destinados a aumentar la inversión privada en territorios de la Amazonía.
Las denuncias de los indígenas se hicieron más fuertes el pasado jueves, víspera del enfrentamiento, cuando el Congreso peruano decidió aplazar el debate sobre el decreto 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que descarta un uso tradicional de los recursos forestales y de fauna silvestre en las comunidas nativas, violando los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
Hasta ahora las negociaciones estaban encabezadas por el Primer Ministro Yehude Simon, por la parte gubernamental, y Alberto Pizango, Presidente de Aidesep, por los indígenas movilizados, pero este sábado el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, confirmó la insólita orden de detención contra el líder de Aidesep, Alberto Pizango por la masacre ocurrida en Bagua.
Hasta el momento Pizango se encuentra en paradero desconocido y según informan fuentes internas de Aidesep, el nuevo interlocutor a la espera de que se resuelva la situación será Champion Nonimgo.
El sábado a mediodía el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en un comunicado oficial, aprobaba el toque de queda para las provincias de Bagua y Utcubamba.
Mientras tanto, multitunarias marchas recorren Perú desde el viernes en solidaridad con los pueblos indígenas de la Amazonía y para exigir, de nuevo, la derogación de los decretos.
