Defensores de derechos humanos afirmaron que las medidas cautelares solicitadas en los últimos cuatro años por la CIDH a favor de ciudadanos mexicanos, "nunca se aplicaron, en franco desacato a los tratados internacionales firmados por México".
Al hacer un recuento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH de 2005 a la fecha, se confirma que el organismo requirió al Estado mexicano aplicar 357 medidas cautelares, de las que 313 fueron emitidas al estado de Oaxaca, en los casos de "ataques a la libertad de expresión, la presencia de presuntos grupos paramilitares y hostigamientos a defensores de derechos humanos".
En su página de internet, la CIDH aclara que el otorgamiento de ese tipo de medidas no representa ningún juicio a priori sobre cada asunto en particular.
De acuerdo con el organismo internacional, en el caso de México, Oaxaca el estado con mayor número de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, sólo superado por Colombia, por el desplazamiento del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, "por actos de violencia paramilitar".
De entre las medidas cautelares solicitadas por la CIDH de 2005 a la fecha, según la página del organismo, figura la solicitada al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a favor de 116 trabajadores y el presidente del Grupo "Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca", "por actos de violencia y hostigamiento, al ser invadidas sus bodegas y, posteriormente, declarar, desde la administración estatal, una huelga ficticia".
También está el caso de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, donde la CIDH solicitó aplicar ese tipo de medidas a favor 177 habitantes de esa comunidad mixteca, después del asesinato de tres opositores del exalcalde Fredy Eucario Morales.
Según la CIDH, en 2005 se emitieron 120 medidas cautelares, una de ellas a favor de Obtilia Eugenio Manuel, originaria del pueblo Me Phaa (tlapaneco) de la comunidad de Barranca de Guadalupe, en el estado de Guerrero quien, "por su defensa y promoción de los derechos indígenas, ha ido objeto de una serie de amenazas".
Otra fue a favor del excanciller Jorge Castañeda Gutman para que fuera registrado como candidato independiente a la Presidencia de la República en 2006.
El 31 de octubre de 2005, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Ericel Gómez Nucamendi y otros 116 trabajadores del diario Noticias, de Oaxaca, presuntamente en represalia por constituir un medio de comunicación crítico a las políticas del gobierno de Oaxaca.
Antes, el 29 de julio de 2005, el organismo otorgó medidas cautelares a favor de Antonio Jacinto López Martínez quien, el 24 de octubre de 2004, fue nombrado alcalde del municipio de San Martín Itunyoso por el sistema de usos y costumbres.
Y es que cuando intentó asumir sus funciones, López Martínez recibió amenazas de muerte y luego fue víctima de un atentado con armas de fuego, que dejço un saldo de cuatro muertos.
Según la información de la CIDH, en 2006 se emitieron nueve medidas cautelares a favor de Martín Amaru Barrios Hernández y otros miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Puebla, además de Arabella del Carmen Jiménez Sánchez y cinco periodistas y trabajadores de la radio "La Voladora", y los hermanos Alejandro, Francisco y Emiliana Cerezo Contreras, quienes, según denuncias, han sido objeto de amenazas de muerte.
También se concedieron medidas cautelares a favor de 11 familias de la comunidad Andrés Quintana Roo, municipio de Sabanillas, Chiapas, debido a que miembros del grupo Paz y Justicia habrían provocado el desplazamiento forzado de más de tres mil personas.
Además, el 16 de febrero de 2007, la CIDH otorgó medidas de protección a favor de Esteban Abel Sánchez Campos, Emilio Santiago Ambrosio, Darío Roberto Campos Martínez, Carlos Bourget Aguilar y Marta Elia Aguilar García, todos ellos trabajadores de la Radio Calenda de Oaxaca, quienes, dice, han sido objeto de amenazas y ataques por parte del presidente del municipio donde opera esa radiodifusora.
Precisa que, el 26 de noviembre de 2006, Campos Martínez habría sido secuestrado cuando caminaba por una calle de la ciudad de Oaxaca. Se pretendía, dice, que esa radiodifusora dejara de difundir información en contra del presidente municipal.
El 19 de abril de 2007, el organismo solicitó aplicar ese tipo de medidas a favor de Cástulo Benavides Rodríguez, Baldemar Velásquez, Ken Barrer y Davis Castillo Núñez, integrantes del Foro Laboral Obrero Campesino (FLOC) en Monterrey, Nuevo León, debido a que, dijo, han sido hostigados como defensores de los derechos de los trabajadores migrantes.
El 11 de julio de 2007, la CIDH solicitó medidas cautelares a favor de Francisco Velasco Hernández, luego de que, el 13 de enero de 2007 agentes de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca, lo detuvieron en el centro de la ciudad de Oaxaca. Según denuncias, Velasco Hernández fue torturado para que confesara haberse robado un automóvil.
Tras lo ocurrido, Velasco Hernández presentó una denuncia penal y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra cuatro agentes policiales, luego de lo cual afirmó que fue amenazado para que se desistiera de la denuncia.
El 26 de julio de 2007, el organismo solicitó esas medidas a favor de Alejandro Noyola, Jesús Manuel Grijalva Mejía, Alba Gabriela Cruz Ramos, Alma Delia Gómez Soto, César Grijalva, Flora Gutiérrez y Jesús Alfredo López García, abogados miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre, instancia dedicada a la atención psicológica y asistencia jurídica de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), detenidos en noviembre de 2006.
También están los casos de Marisela Ortiz Rivera, María Luisa García Andrade, Karla Michell y David Peña, integrantes de la organización "Nuestras Hijas de Regreso a Casa" y de 32 miembros del "Centro de Derechos Humanos de la Mujer", quienes habrían sido víctimas de amenazas.
Posteriormente, el 19 de mayo de 2008, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 177 habitantes del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, ante la presencia de supuestos grupos armados en la zona.
Días antes, el 30 de abril de ese año, 40 hombres armados ejecutaron a Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé en el paseo de Santo Domingo Ixcatlán.
El 3 de julio de 2008, la CIDH, otorgó medidas cautelares a fin de preservar el derecho de acceso a la información del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, ante la negativa de los tribunales a dar acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006.
Finalmente, el 8 de mayo de 2009, la CIDH solicitó protección en favor del integrante de la APPO, Marcelino Coache Verano, y su familia quienes, de acuerdo con denuncias, han sido objeto de amenazas y de actos de hostigamiento desde 2007.
