Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros argumentaron su voto al expresar que hubo irregularidades en el proceso judicial que llevó a los indígenas a prisión, invención de pruebas y violaciones constantes a los derechos humanos de los procesados.
De los 26 indígenas inculpados únicamente 22 podrán obtener la libertad inmediata tras el fallo de la Suprema Corte. La situación del resto de indígenas procesados por la matanza será analizada en una sesión posterior.
Las ONGs que conforman la iniciativa Red por la Paz, impulsoras de otorgar transparencia al derecho a la justicia en México, se encuentran ahora en una situación delicada tras haber confirmado en público que la mayor parte de los indígenas procesados hace doce años sí podrían ser culpables.
Estos organismos han denunciado la arbitrariedad del proceso, las deficiencias que hubo en las investigaciones judiciales y el procedimiento jurídico, pero dejaron claro que "muchos de los detenidos sí participaron en la matanza", aseguraron fuentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas al diario La Jornada.
Diego Cárdenas, director de esa entidad, y Luis Arriaga, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, informaron que muchos de los acusados fueron señalados por testigos de la comunidad en varias ocasiones, pero también acusan a las autoridades policiales de haber permitido alteraciones en la escena del crimen y fabricación de testimonios inculpatorios.
La matanza de la comunidad de Acteal tuvo lugar el 22 de diciembre de 1997 en la zona de los Altos de Chiapas. Ese día fueron asesinados 45 indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una iglesia de la comunidad.
Entre las víctimas se encontraban 16 niños y 20 mujeres, siete de ellas embarazadas. Fuentes oficiales han asegurado que los asesinados, pertenecientes al grupo comunitario de "Las Abejas", fueron masacrados por unos 90 paramilitares que podrían ser miembros del grupo "Máscara Roja".
La matanza, que duró casi siete horas, tuvo lugar a apenas 200 metros de un retén policial. Posteriormente, y sin demasiadas evidencias fidedignas, unos 100 indígenas eran detenidos y recluidos en la cárcel de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.
