Durante la sesión de adopción del informe de Chile sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, han saltado las chispas entre el Gobierno Nacional y las ONG, que acusan al Estado de utilizar la Ley Antiterrorista de forma discriminatoria con el pueblo Mapuche.
“Diez de los dieciséis casos en que los gobiernos democráticos chilenos aplicaron la Ley Antiterrorista entre 1999 y 2009 corresponden a imputados que pertenecen a la población indígena”, declaró una fuente diplomática a la agencia AFP.
Danielle Mitterrand, de la ONG France-Libertés, se refirió a una “criminalización abusiva e injustificada” de las manifestaciones del pueblo Mapuche para salvaguardar sus derechos y territorios.
Por su parte, Andrea Marifil, de la Asociación Internacional Contra la Tortura, habló de seis mapuches asesinados por la policía durante los últimos seis años, mientras Reynaldo Mariqueo, del Comité Mapuche de Derechos Humanos, denunció “una política excluyente y genocida, enfocada a exterminar la existencia de los Mapuche”.
En paralelo a esta sesión y en la misma sede de la ONU se organizó la conferencia “Chile: criminalización del movimiento social Mapuche a través de la Ley Antiterrorista”, en la que otros agraviados denunciaron casos de represión, vigilancia y acoso a los medios de comunicación.
El documentalista francés Christophe Harrison habló acerca de su detención por carabineros cuando filmaba un documental sobre la situación de varias comunidades Mapuche en proceso de recuperación de tierras. Los agentes le confiscaron su cámara y su pasaporte, acusándole de infringir la Ley de Extranjería.
Igualmente, José Venturelli, pediatra chileno, se refirió a la represión en las comunidades y llegó a describir la situación de los indígenas como “comienzo de apartheid”.
El embajador de Chile en Ginebra, Carlos Portales, ha respondido al aluvión de denuncias argumentando que “la Ley Antiterrorista está destinada a sancionar conductas delictivas graves que causan conmoción pública y en ningún caso se aplica a categorías de personas o grupos sociales determinados”, si bien los números parecen reflejar una situación bastante diferente.
La Ley Antiterrorista, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue diseñada para perseguir a los opositores del régimen.
La Unión Europea, con la República Checa a la cabeza, envió a la ONU una recomendación para la revisión de la norma por “perseguir a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso”, pero el Gobierno chileno desestimó la sugerencia el jueves pasado.
El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un mecanismo de vigilancia que se utiliza para comprobar el estado de los derechos humanos en los diferentes países miembros de la ONU. Cada país tiene la obligación de someterse al examen cada cuatro años.
