El proceso de transformaciones sociales que vive Bolivia recibió un abrumador apoyo el 10 de agosto, cuando el presidente Evo Morales fue ratificado con una votación favorable del 67%, 14 puntos más alta que la obtenida en la primera elección presidencial.

La derrota de los portavoces del pasado neoliberal y hacendatario fue total, porque fue revocado el prefecto reaccionario de Cochabamba, porque en los propios departamentos en que antes dominaban a sus anchas y denominaban la Media Luna, Evo aumentó su votación, ganó en Pando y Chuquisaca, en 5 de las 6 provincias de Tarija, en 3 de las 8 de Beni y en 7 de las 15 de Santa Cruz. La Media Luna se convirtió en Cuarto Menguante y los trabajadores asalariados en las nuevas condiciones han logrado que los fondos de pensiones no sean para el gran capital privado.

En vez de aceptar el resultado del ejercicio democrático, los hacendados y grandes empresarios optaron por la violencia. No perdonan a los campesinos, habitantes pobres de las ciudades e indígenas originarios de “sus” feudos departamentales, haber construido la organización que los derrotó electoralmente en las provincias y que los cuestiona cotidianamente. La acción violenta fue diseñada especialmente para tratar de aplastar esta organización y lucha.

Por otra parte la decisión del 67% de los bolivianos de proseguir el camino de transformaciones pacíficas implica que está abierto el camino para aprobar en consulta popular y llevar a la práctica la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente.

Esta Constitución es el instrumento institucional para proseguir los cambios que el pueblo reclama. Los intereses creados no quieren que se vote, saben que perderían nuevamente y se lanzan violentamente contra cualquier posibilidad de resolver democráticamente sus conflictos con las mayorías.

Los hacendados están dispuestos a todo para no permitir la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, para defender el latifundio e impedir la reforma agraria y para mantener cautivos como siervos a los indígenas guaraníes que hacen trabajar en sus fincas.

Las transnacionales conspiran para que rijan los llamados “estatutos departamentales” en los cuales se garantizan sus “derechos” a la propiedad intelectual, la privatización de los servicios públicos y los recursos naturales y la llamada “seguridad jurídica”, que al no negociar Bolivia el TLC con Estados Unidos y al no ser incluidos en la Constitución, las grandes empresas tratan de asegurar promoviendo la violencia.

Los hacendados y grandes empresarios declararon entonces un paro patrona a partir del 19 de agosto, fecha del aniversario del golpe de estado de Bánzer. En Chuquisaca los patronos claudicaron ante el cerco que campesinos e indígenas multitudinariamente tendieron sobre la ciudad de Sucre.

En cambio en Santa Cruz, el 3 de septiembre una macha pacífica de obreros, habitantes del barrio popular Plan Tresmil, indígenas nativos y campesinos contra el paro patronal fue atacada por bandas de la Unión Juvenil Cruceñista que con varillas y garrotes golpearon la cabeza de los manifestantes e incluso la de un bebé que la mamá cargaba en las espaldas.

El 9 de septiembre se desencadenó un golpe de estado en todo el Cuarto Menguante. Los objetivos de las bandas fascistas eran el Instituto de Reforma Agraria, odiado por los hacendados, la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, odiada por las transnacionales por ser símbolo de la reestatización de las empresas estratégicas y del retroceso del neoliberalismo y la explotaciones y ductos de petróleo y gas en donde el estado boliviano ha logrado el 51% del control después de que los gobiernos neoliberales los habían feriado a las transnacionales.

El golpe se abalanzó contra el corazón de las organizaciones populares y de derechos humanos. El mismo día 9 fue asaltada la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS que por años ha acompañado a los sectores populares de Santa Cruz en la defensa de sus derechos violados por la oligarquía departamental y las grandes empresas.

El 11 de septiembre, día del aniversario del golpe de Pinochet, se desató el ataque directo contra los indígenas y campesinos. La sede de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPEC, fue atacada y destruida; la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, fue ocupada y saqueada.

En Pando, ese 11 de septiembre, indígenas Tacana y campesinos que se dirigían a una reunión y manifestación en la ciudad de Cobija, fueron emboscados por bandas fascistas con armas de fuego. Hasta el momento han sido encontrados 15 cadáveres y hay 100 desaparecidos. Los heridos eran rematados o abandonados. Varios niños se ahogaron en un río aledaño al tratar de huir de los sicarios. Esta masacre conmovió al país. Los sobrevivientes han reconocido a los autores materiales entre quienes se encontraban connotados políticos de derecha al lado de asesinos profesionales. Sindicado de la autoría intelectual ha sido detenido el prefecto de Pando.

Los protagonistas del vandalismo no han sido grupos espontáneos. Se trata de grupos cuidadosamente organizados por los poderes económicos, integrados por jóvenes de clase media y alta alucinados por el racismo más burdo, que gritan consignas nazis: “Hitler mataba judíos porque no conocía a los collas [indígenas aymara]” es su lema preferido. Han sido entrenados militarmente por  matones profesionales y formados en la ideología de los ustachi cróatas, que sirvieron como tropas títeres a Hitler duante la ocupación nazi de Yugoslavia y varios de cuyos integrantes se establecieron en el oriente de Bolivia al terminar la Segunda Guerra Mundial.  

Estos grupos fascistas ya actuaban en el 2003 cuando en Moxos y Trinidad, departamento de Beni amenazaron a las monjas y organizaciones que defendían los derechos de los indígenas y realizaron varios ataques violentos.

Si el gobierno y el embajador de Estados Unidos han apoyado sin tapujos a los fascistas, la nueva realidad de Unasur que agrupa a los países suramericanos ha apoyado la institucionalidad boliviana y ha exigido respetar el orden democrático de Bolivia. Los fascistas han optado por un repliegue transitorio cuando el mundo los señala por la masacre de Pando.

El pueblo boliviano tiene justa ira, pero ha sabido demostrar su vocación pacífica. No puede tolerar más la violencia fascista, pero la enfrenta con la movilización organizada. Al gobierno le corresponde la acción institucional, quiere negociar un camino pacífico. Hasta ha suspendido por un mes el trámite para votar la nueva Constitución, algo que los sectores populares consideran asunto vital.

Especialmente los indígenas de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando fueron los primeros que se movilizaron por llamar a una constituyente, han defendido con alma, vida y corazón la nueva Constitución y aspiran no sólo a que se cumpla la promesa presidencial de no negociar el proceso por la masacre de Pando del 11 de septiembre, sino que aspiran a que su larga y esforzada lucha por la Constitución que reconoce su autonomía y territorio y que le pone freno al neoliberalismo, entre en vigencia. ¡Que su lucha no se en vano es la responsabilidad de la solidaridad internacional!
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