¿Qué nos quedó del Coloquio sobre niñez indígena?
Por Luis Evelis Andrade Casamá, Senador MAIS
"Los indígenas no somos pobres por vocación ni reclamamos nuestros derechos por deporte. Lo somos porque estamos frente a un Estado ausente, que en vez de desarrollar programas y políticas constantes, pertinentes culturalmente, suficientes y sostenibles, sólo ejecuta proyectos asistencialistas, donde nuestros niños no son la prioridad."
El primero de octubre pasado, con el acompañamiento de la ONIC, la Representante Ángela Robledo y yo realizamos el Primer Coloquio de Niñez Indígena 'Dulce Semilla que teje Futuro'. Nuestro interés era colocar en la agenda del Congreso, del gobierno, de las organizaciones indígenas y de la opinión nacional, la triste realidad de la niñez colombiana, particularmente más dramática, cuando nos referimos a la niñez indígena.
Resulta paradójico, que un país como Colombia, pluriétnico y multiculturalidad, privilegiado por su biodiversidad, riquezas naturales y posición geoestratégica, no haya podido garantizar a los niños y niñas indígenas sus derechos humanos y fundamentales.
La niñez indígena representa el 40% del total de la población aborigen en Colombia. Viven en territorios ricos en recursos naturales, una inmensa biodiversidad y recursos minero energéticos, donde se explota principalmente el petróleo, el carbón, el oro y la madera, entre muchos otros.
Paradójicamente, las regiones más ricas en esos recursos, son justamente aquellas donde la niñez indígena, además de padecer de hambre y desnutrición, es sometida con sus familias al confinamiento o al desplazamiento forzado, por diferentes actores armados y aún por el propio estado.
Las condiciones de vulnerabilidad de la niñez indígena en Colombia, es alarmante. Quiero compartir con ustedes algunas cifras, que aunque inexactas por el nivel de subregistro que tenemos a todos los niveles, o la ausencia de censos actualizados –el último es del 2005-, nos reporta una población de 669 mil niños y niñas indígenas, de los cuales el 46.6 % son niñas y el 53.4% niños.
El 63% de esta población vive en pobreza estructural; más del 47% por debajo de la línea de miseria; el analfabetismo alcanza el 44% (4.2% alcanza el nivel de preescolar, el 43.7% educación básica primaria); el 70% sufre de desnutrición crónica; el 60% nace y se cría por debajo del peso normal; el 25% muere antes de cumplir los seis años de edad por cuenta de los altos índices de desnutrición y enfermedades prevenibles como la enfermedad diarreica aguda, la infección respiratoria aguda, la hepatitis B, la tuberculosis, el poliparasitismo intestinal, la neumonía o la anemia provocada por déficit de hierro y vitamina A .
La situación es aún más grave, cuando colocamos la lupa a departamentos como el Chocó, que según estudios de la UNICEF, 73 de cada 100 niños menores de cinco años, padecían de desnutrición crónica para el año 2010. O el caso del Resguardo Barranco Minas del departamento de Guainía, que reportó para el 2011 la muerte de 81 niños y niñas Sikuanis, también a causa de la desnutrición. O el aberrante caso de la Guajira, donde solo en el período 2008-2013, murieron 4.171 entre fetos y niños y niñas menores de 5 años, un promedio de dos niños muertos cada día, principalmente de las comunidades wayuú, wiwa, kogui, arhuaco y kancuamo. Debo aclarar que esta cifra fue negada por el Presidente Juan Manuel Santos, quien mencionó que en cinco años solo habían muerto 294 niños, a pesar que la denuncia fue hecha por el ex director de Planeación de La Guajira, César Arismendi.
Se dirá que esa es la cruda realidad del país. Pero aún en estos temas tan dolorosos, las cifras que miden la calidad de vida de nuestra niñez indígena son desproporcionadas y superiores en relación con los indicadores nacionales, y los indicadores mundiales de desarrollo humano.
Así por ejemplo, mientras la tasa nacional de analfabetismo es de 7.4%, en la población indígena alcanza el 44%; mientras el peso promedio en niños de 3 a 5 años oscila entre 18 y 22 kilos, el peso de los niños indígenas no pasa los 8 kilos; mientras el 12% de los niños del país sufre desnutrición crónica, el 70% de los niños indígenas menores de 6 años padecen desnutrición crónica aguda; y la tasa de mortalidad nacional anual que es de 19 por cada mil nacidos, en la niñez indígena oscila entre 45, 179 y 250 por cada mil, como lo confirman las muertes anuales de niñez en la población Nasa del Cauca, Awá de Nariño, Embera de Antioquia y en el Resguardo Caño mochuelo de Casanare, según estadísticas de los ministerios de Salud y Educación, y la Encuesta Nacional para la Nutrición 2010 y Estudio Niñez y Futuro de los Pueblos Indígenas, del DANE, además de las cifras que manejan organizaciones como la FUCAI.
Los indígenas no somos pobres por vocación ni reclamamos nuestros derechos por deporte. Lo somos porque estamos frente a un Estado ausente, que en vez de desarrollar programas y políticas constantes, pertinentes culturalmente, suficientes y sostenibles, sólo ejecuta proyectos asistencialistas, donde nuestros niños no son la prioridad. Con una modalidad de Estado así, nuestra niñez no tiene futuro.
Y no lo tiene, mientras el Estado sea un actor cómplice de políticos y contratistas corruptos, que trafican con los recursos destinados a la salud, la alimentación, la construcción de acueductos, al saneamiento básico y la educación de nuestros niños.
Peor aún, nuestros niños y niñas son víctimas de violencia sexual, en muchos casos, por parte de actores armados y agentes del Estado que campean por sus territorios; en otros, por parte de sus propios familiares, siendo las niñas obligadas a abortar en muchas ocasiones, por parte de su victimario. Preocupa la asiduidad de prácticas de violencia sexual en los pueblos Wiwa y Nukak Makú, que viven un acelerado proceso de exterminio.
No sé, si quienes se oponen al proceso de paz, puedan mirar a los ojos a los 4.560 niños y niñas indígenas desplazados entre 2010 y 2011, algunos de ellos amputados, con secuelas irreparables, hacinados en albergues de población desplazada que solo reflejan en sus ojos la incertidumbre sobre su futuro.
Hacer la paz no es solo pactar acuerdos con los actores armados. Eso es importante, pero no resuelve nuestros problemas. Hacer la paz, es transformar la mentalidad de nuestros gobernantes y nuestros legisladores, para el desarrollo de políticas que impacten decididamente la inequidad social que es una de las causas principales de nuestra pobreza y que afecta de manera especial a nuestra niñez.
Pero, ¿cómo pedir el desarrollo de políticas públicas que muchas veces están en los Planes de Desarrollo, en los documentos CONPES, en los acuerdos que por cientos firma el gobierno con las comunidades, cuando las entidades que garantizan su ejecución, se las parcelan los partidos políticos y los contratistas, y con ellas sus presupuestos? Mientras el gobierno no desarrolle políticas serias de seguimiento al desarrollo de sus políticas y los organismos de control se mantengan con los ojos cerrados frente a esta situación, la realidad de nuestra niñez seguirá siendo incierta.
Si alguna enseñanza fue importante de este coloquio, lo fue la invitación a tejer el telar roto, para que la garantía de los derechos de la niñez indígena sea una realidad.
El futuro de nuestros pueblos no se garantizará, solamente defendiendo nuestro territorio, nuestra autonomía, nuestro gobierno propio y el cumplimiento de nuestros derechos. Nuestro futuro se garantiza esencialmente, si defendemos y garantizamos la existencia, protección, desarrollo y ciudadanía de nuestros niños y niñas indígenas.
La niñez indígena clama respuestas inmediatas y un Estado, líderes, autoridades y organizaciones indígenas con constante y mayor presencia en todos los territorios donde exista una dulce semilla que quiera tejer futuro para los Pueblos Indígenas y el país.
