CRÓNICA DE UNA VENTA ANUNCIADA
Por Marco Anibal Avirama, Senador ASI
Más de una decena de demandas y oposición de distintos sectores del país a lo largo de los últimos años, no han logrado detener la venta de una de las principales generadoras de energía en el país y una de las pocas empresas públicas rentables que sobreviven.
La iniciativa de vender las acciones del Gobierno en ISAGEN surgió durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez cuando planteó y llevó a cabo la venta de acciones. La administración Santos revive el tema justificado en la ya cacareada necesidad no resuelta, desde la apertura económica, de obtener recursos para apalancar la construcción de infraestructura de transporte que nos coloque en mejores condiciones para competir en los mercados internacionales.
Expertos han planteado otras alternativas que no comprometan a tan importante activo sin que hayan sido escuchados por el presidente y su ministro de hacienda.
La Contraloría por ejemplo afirma que ISAGEN es una empresa estratégica para el mercado energético nacional, que ayuda al Estado en la provisión de este servicio público, garantizando la cobertura nacional. La Procuraduría ha manifestado igualmente su preocupación respecto al impacto que sobre el patrimonio y las finanzas públicas podrían ocasionar las actuales condiciones de venta de estas acciones, y por cuanto en el programa de enajenación "no se establecen medidas para garantizar la protección del medio ambiente frente a la continuidad de los planes que ISAGEN ha venido realizando para hacer uso adecuado de los recursos naturales".
Muchos coinciden en señalar su honda preocupación, la cual compartimos, por la destinación de los ingresos producto de la venta de la participación en ISAGEN, y la ausencia de controles continuos, transparentes y rigurosos sobre su uso.
Queda un amargo sabor cuando constatamos que estas decisiones no escuchan adecuadamente las voces ciudadanas y de conocedores del sector, y que el tren de la venta de las acciones prosigue su camino quedando solo abierta la posibilidad de adelantar acciones luego de producido el hecho, que tan dañino puede ser para el patrimonio público y que puede significar la entrega del recurso agua al sector privado.
