Lea la primera parte de esta entrevista aqui
En la segunda parte de esta entrevista, el senador indígena Luis Evelis Andrade Casamá nos habla de la Consulta Previa, en relación con el gobierno, la autonomía y la defensa del territorio
Luis Evelis, al igual que los indígenas de Abya Yala, tienen claro que gran parte de la riqueza de los países, está en los territorios indígenas. "Sobre esos territorios abandonados de dios, donde solo había grupos de aborígenes que nadie reconocía como pueblos, se encuentran muchas de las riquezas mineros energéticos, en las que los países cifran sus expectativas de desarrollo".
Y agrega: "Los indígenas hemos sido los guardianes de estos recursos. Mientras conservábamos nuestro territorio y manteníamos nuestro conocimiento ancestral, garantizábamos la preservación de la biodiversidad. Mientras desarrollábamos una relación estrecha con la madre tierra, preservábamos este patrimonio, todas estas riquezas".
"Mientras los empresarios voraces no eran conscientes de la existencia de estas riquezas, no había preocupación por el control de nuestros territorios, aunque tampoco le interesaba al capital ni al Estado los seres humanos que allí habitábamos".
PAE: Los cambios políticos de finales de la década del 80 están cimentados en la ignorancia del Estado y de los empresarios?
LEAC: No exactamente. Es una época de gran crisis política y social. Muchos empiezan hablar de la década perdida o incluso de que somos un país inviable. Todo esto se da a la par de la conmemoración de los 500 años de la invasión, que algunos llaman "descubrimiento". Lo real, es que "los cambios políticos realizados en Colombia finalizando la década del 80, permitieron consolidar un marco de derechos constitucionales y legales, que sumados a convenios suscritos por nuestro país, estructuraron un bloque normativo que fundamenta la política del reconocimiento. Con ese marco normativo se nos reconoció nuestros territorios y a nuestras comunidades como pueblos con usos y costumbres, gobierno y jurisdicción propia y con autonomía para el pleno ejercicio de nuestros derechos, individuales y colectivos.
PAE: De la invisibilidad se pasó a una política de reconocimiento, entonces, ¿Cuál es el problema?
LEAC: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de estos derechos. Y no está haciendo bien la tarea.
En vez de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control territorial, de nuestro gobierno e instituciones, de nuestras culturas. El Estado ha sido omisivo y permisivo frente a la arremetida de ejércitos de madereros que talan nuestras selvas, de ejércitos que manipulan dragas que saquean y depredan nuestros territorios, de ejércitos de hombres civiles armados al servicio madereros, mineros, narcotraficantes, contrabandistas y toda suerte de delincuentes que deterioran nuestro entorno, y que se enriquecen mientras nosotros nos empobrecemos..
PAE: Pero con tanta norma, difícil que la comunidad nacional e internacional crea que en Colombia no se garantizan los derechos a los indígenas...
LEAC: Dije al inicio que el problema no está en la carencia de normas, ni en la ausencia de interpretación. El problema está en la falta de voluntad política del Estado para que estas se cumplan, para que se cumplan las sentencias de las Cortes. Claro, los funcionarios dicen que son nuestros amigos, que si hay voluntad política, pero la verdad es que lo que nosotros observamos a diario es que no se actúa con buena fe. Por supuesto eso no lo reconoce nadie. Los errores siempre se presentan como problemas de individuos, nunca como un problema de la política de gobierno. Cuando se reconocen esas falencias, ya se ha dilatado el proceso, ya se ha consumado la vulneración del derecho.
PAE: Volvamos al tema inicial, el del desarrollo. ¿Ustedes se oponen al desarrollo del país?
LEAC: Son los gobiernos los que entregan el patrimonio de la nación a nombre del desarrollo. ¿De qué modelo de desarrollo estamos hablando? Yo podría decir que han sido los distintos gobiernos quienes se han opuesto a nuestro modelo de desarrollo en cada Proyecto de Ley que no se consulta, en cada proyecto de exploración petrolero que no se consulta. Dicen que nos oponemos a un modelo de desarrollo que genera riqueza para el país. Nosotros también somos país y la pregunta elemental es, ¿Por qué las multinacionales se enriquecen, depredan nuestros territorios y nos dejan sumergidos en la pobreza? ¿Eso es riqueza para el país? Es claro que el Estado no establece unas reglas de juego claras que salvaguarden nuestras culturas, nuestro territorio, nuestras riquezas y sobre todo, a nuestros pueblos. Ese si es el debate.
Por eso las dificultades para el desarrollo de los procesos de Consulta Previa. Porque los funcionarios ven en este instrumento un obstáculo al ejercicio del derecho, antes que una posibilidad para generar políticas públicas de salud, de educación, de vivienda y de bienestar, además de unas reglas claras que generen riqueza para el país y para las comunidades.
Ahora mismo están cursando varios Proyectos de Ley en el Congreso que a nuestro juicio requerían Consulta Previa. ¿Porque el gobierno no consultó el Proyecto de ZIDRES, que es una iniciativa legislativa que afecta directamente a nuestras comunidades? Nos dicen que se ha incluido una salvaguarda que prohíbe la creación de ZIDRES en los territorios étnicos. ¿Por qué no se consultó el proyecto de Ley de Costas que cursa actualmente en el Congreso? Fíjese que estamos hablando de las costas del Atlántico, donde hay poblaciones que son mayoritariamente indígenas como Uribia y Manaure, y esto para no hablar de comunidades enteras de afrocolombianos que viven de la pesca, las artesanías y el mismo turismo a todo lo largo de esta costa. Es más, cuando ya existe jurisprudencia que ampara los derechos de los pescadores negros en ciudades como Cartagena.
En la costa pacífica tenemos una población que es fundamentalmente negra e indígena y donde el común denominador es la pobreza. No estamos diciendo que los proyectos sean definitivamente malos. Nuestra pregunta es, ¿Por qué no se consulta a estas comunidades el desarrollo de estas iniciativas legislativas, como dice la norma?
Otro proyecto para revisar, sería el de páramos. En síntesis, lo que vengo observando es que el gobierno se ideo la forma de evadir la Consulta y es insertando unilateralmente en los contenidos del Proyecto de Ley, aquellos elementos que teóricamente "amparan el derecho", como está en el artículo 29 del Proyecto de ZIDRES. Reconozco que el artículo preserva el derecho de consulta del proyecto productivo o la declaratoria de la ZIDRE, pero no garantiza el derecho a la Consulta que debe realizarse de manera previa al trámite en el congreso, haciendo caso omiso a la norma y a nuestra posición. Ellos creen que con eso blindan el proyecto, nosotros creemos que no. Claro que es la Corte quien decide.
Autonomía y gobierno propio
PAE: Luis Evelis, tenemos una constitución garantista que reconoce el tratamiento diferencial para muchos sectores. ¿En qué se diferencia esto del enfoque diferencial que reivindican los indígenas?
LEAC: Estamos en la era del enfoque diferencial, y talvez con razón la gente dice que cuando el enfoque diferencial es para todos, no es para nadie. Los indígenas por supuesto no nos oponemos al trato diferencial, y somos respetuosos de las políticas que empoderen y reconozcan los derechos y el tratamiento diferencial para las mujeres, los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los deportistas, los periodistas y podría seguir de manera interminable con la lista de sectores sociales que reclaman un trato diferencial.
Desafortunadamente hay sectores que no entienden esto y satanizan al movimiento indígena y negro por exigir la aplicación del postulado constitucional que además del enfoque diferencial, también incluye el tema de las acciones afirmativas.
Esto se debe a que adolecemos de una posición sólida sobre la esencia de la política de reconocimiento y porque aún subsisten sectores que no miran los derechos de los grupos étnicos en su integralidad, esto es, asociado a un territorio, a una lengua a una cultura, a una jurisdicción y a un gobierno propio, y menos aún, que somos autónomos en el ejercicio de nuestros derechos territoriales. En ese error cae el gobierno y las mismas organizaciones de la sociedad civil. Pero ese no es el centro del debate.
PAE: Y ¿cuál es la relación de este planteamiento con el ejercicio de la Consulta Previa?
El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de derechos humanos de los pueblos indígenas y otros documentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, lo que han hecho es afianzar ese marco de derechos históricos sobre el territorio y todas las instituciones propias en materia de territorio, gobierno, autonomía y justicia propia con fundamento en leyes ancestrales, naturales y de origen que poco a poco han sido reconocidas en las constituciones de los distintos países.
La Corte ha señalado en varias sentencias, que cada vez que se desarrollen iniciativas legislativas o proyectos que impacten nuestras comunidades, se debe realizar la Consulta Previa. En síntesis, es la salvaguarda de nuestra identidad étnica y cultural. Muy a pesar de esto, se desconoce y vulneran estos derechos.
PAE: Usted es senador y representa a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que usted espera del gobierno y de sus compañeros en el congreso?
LEAC: Es muy claro. Es responsabilidad del Estado salvaguardar nuestras culturas, garantizando su diversidad y pluralidad, garantizando nuestras formas organizativas, pero ante todo, fortaleciendo todos aquellos instrumentos que como la Consulta Previa, permiten el pleno ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
El gobierno y también los congresistas, deben profesar un profundo respeto hacia los pueblos indígenas, sobre todo en lo relacionado con los procesos de consulta. Además, las Cortes se lo están indicando en multiplicidad de sentencias. El ejecutivo y el legislativo deben asumir que los indígenas no somos enemigos de las políticas que benefician a las comunidades y mucho menos al país.
En ese interés reciente del gobierno por reglamentar este derecho, lo único que debe tenerse claro, es que independientemente de lo que acordemos indígenas y gobierno, esto debe obedecer a un proceso de concertación fundamentado en la política del reconocimiento y en el profundo respeto por los derechos adquiridos.
