En el evento realizado el pasado 17 de abril, participaron algunos familiares de las víctimas de éstos crímenes de lesa humanidad, organizaciones sociales y populares del Cauca, representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y organismos de derechos humanos como Minga, Justicia y Paz, entre otros. La comunidad estuvo muy bien representada por los niños y las mujeres particularmente, también la autoridad tradicional. La coordinación del evento estuvo a cargo de Jerson Acosta.
Voces de las víctimas
La exigibilidad de no más impunidad y el debido esclarecimiento de los casos para juzgar a los directos responsables de la masacre fue el primer llamado de los familiares de las víctimas. Pidieron, como siempre lo han hecho, que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición: así como una reparación integral de las víctimas porque, como asegura ya mayoría, "más son los trámites y las vueltas que tienen que hacer de oficina en oficina para que al final no haya ningún resultado".
Por esto, solicitan a los organismos del Gobierno y a la ONG`s que están llevando los casos, una mayor apropiación para ejercer la justicia y para que prevalezca la verdad ante la impunidad que han vivido en los últimos tiempos y la magnitud de las represalias. Es claro entonces, que no existen garantías desde el Estado para los familiares de las víctimas que permita llevar los procesos ante las instancias competentes de manera que se investigue el caso con mayor eficacia y llevar el caso hasta el cierre.
"El Gobierno colombiano ha restringido todas las posibilidades para ejercer justicia en el país mediante leyes y decretos que van en contra de los principios fundamentales, es un infractor de los tratados y convenios internacionales además de ser firmante de los mismos. Emplea mecanismos para que no haya un esclarecimiento de la verdad como es la seguridad democrática y el plan Colombia para ejercer el control territorial a través de la guerra e implementa unas leyes que enmiende todos los actos cometidos por el Estado, los actores armados legales e ilegales.
Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz que además de vulnerar derechos, discrimina por la desigualdad de condiciones y oportunidades para ejercer la justicia. Porque no es posible que a un victimario le permitan tener un abogado especializado para su defensa y llevar el caso, mientras a un ciudadano víctima de crímenes de lesa humanidad no le brindan esa posibilidad. El Estado debería garantizar un abogado para estar en igualdad de condiciones. Además para el Gobierno estos actos son como si no tuvieran sentido, porque la prioridad es el narcotráfico y al denunciar estos actos de violencia nos tildan de terroristas y guerrilleros a las víctimas", manifestó Alex Quintero, representante de la Asociación del Alto Naya.
Testimonio de la complicidad
Alex Quintero hace un recuento de cómo las autoridades locales auspiciaban a los criminales. "En el 2000 cuando llegaron los paramilitares al municipio de Timba, ellos recorrían los municipios de Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao y cometían asesinatos contra personas humildes, los arrojaban al Río Cauca en el puente de la Balsa, se denunciaba estos actos pero, como no se hacía nada, las personas callaban por temor a sus vidas. Durante todo este tiempo el Río Cauca se convirtió en el cementerio más grande del país. Además los paramilitares tenían la libertad de movilizarse en los municipios sin restricción alguna, donde uno encontraba a 20 minutos a los paramilitares después de haber pasado un reten militar o de la policía.
Todo este escenario de muerte y guerra se continúa viviendo en el país y no son judicializados ni procesados los responsables, en cambio, a quiénes denuncian todos estos actos son investigados y hasta procesados por decir y dar a conocer una realidad. Como es posible decir hoy que eso no lo veía nadie, hablemos del municipio de Timba donde los para militares se paseaban en cuatro y hasta seis camionetas. Había campamentos donde podían estar 1600 paramilitares a sólo 10 minutos de la Inspección de Policía de Robles, a media hora de la alcaldía de Buenos Aires y a 40 minutos del municipio de Santander de Quilichao.
Los unos cubrían a los unos y los otros a los otros. Recuerdo tanto que en un retén de la fuerza pública retuvieron a un campesino porque llevaba botas, estuvo allí hasta cuando levantaron el retén y llegaron los paras, se llevaron al señor y lo tiraron a la Balsa. No entiendo porque hoy cuando las víctimas salen a reclamar sus derechos cuando lo hemos hecho en distintos escenarios a nivel nacional y municipal las cosas parecen que antes de mejorar se han empeorado. Lo que yo he escuchado es que han dicho que nosotros hablamos mucho y denunciamos cosas que no son, que aquí no pasa nada. Tengo una investigación que ha hecho el Cuerpo Técnico de Santander de Quilichao, donde han identificado un nuevo grupo armado que se pasea por Morales, Timba Cauca, Lomitas, Honduras y Palo Blanco, se lo ha entregado a la fuerza y han dicho que somos mentirosos y en estos mismos municipios en las personerías ya hay 50 amenazas por estos grupos".
Respuesta del Estado
Ante toda esta impunidad y constantes amenazas los participantes en la conmemoración y, en especial los familiares de las víctimas, ratificaron que el Estado tiene el deber de hacer la reparación y tener en cuenta las verdaderas necesidades de ellos, no venir con proyectos realizados desde una oficina donde desconocen las realidad de las víctimas.
"Nos colocaron en diferentes municipios para hacer un trabajo, pasar el proyecto y resulta que nosotros dimos ideas pero eso no se tuvo en cuenta, lo aprobaron como ellos más quisieron para su conveniencia, por lo tanto, rechazamos ese proyecto de ley de víctimas, porque no responde al sentir comunitario. Ellos nos quieren intimar, que si no llenamos los formularios nos vamos a quedar sin nada, a nosotros no nos interesan los recursos, a nosotros nos interesa es que haya verdad, una reparación digna y colectiva, ése es el interés de los familiares de las víctimas", puntualizó Lisinia Collazos, líder del Naya.
Así como esta mujer dio a conocer todas las gestiones que han tenido que realizar desgastándose sin conseguir nada, también el Gobernador del Cabildo Kitek Kiwe, solicitó que la voz de las víctimas sea escuchada, que no los usen sólo para conseguir recursos, que ellos están haciendo todo lo posible por reconstruir el plan de vida que fue destruido de manera bárbara ese 11 de abril en plena Semana Santa. "El tejido social del Naya se debe reconstruir desde las necesidades de la comunidad y no desde las oficinas. Nosotros vamos a seguir caminando la palabra en el marco de la Minga Social y Comunitaria, por eso los invito a hacer minga por el Naya para que nuestro proceso se fortalezca y todos los huérfanos y viudas puedan tener una vida digna", expresó Jerson Acosta.
La intervención de los familiares de las víctimas expresando con dolor profundo su situación ante la comunidad y los organismos del Estado presentes los comprometió a brindar el apoyo y el respaldo para continuar con los casos hasta culminar con efectividad el proceso. Entonces los delegados del Gobierno juraron ante la comunidad seguir buscando la verdad, manifestaron también que era un proceso largo porque estaban haciendo investigaciones bien fundamentadas para hacer justicia y reparación integral a las víctimas. "De los casos que tenemos, hasta el momento 80 personas han sido judicializadas y vamos a seguir investigando para castigar a quienes cometieron los crímenes", informó Carlos Alberto Camargo Hernández, delegado de DDHH de la Fiscalía Nacional.
Plan de vida
En este contexto de impunidad y desplazamiento las víctimas han logrado organizarse nuevamente y conformar la autoridad tradicional para continuar con el plan de vida comunitario, trabajar desde el nivel educativo para el fortalecimiento del idioma propio, usos y costumbres. Este trabajo se reflejó, por ejemplo, con los niños principalmente, que al inicio del evento cantaron el Himno el Nacional y el Himno del Hijo del Cauca en Nasayuwe.
Por esto, han conformado diversos programas para fortalecer su Plan de Vida como: jóvenes, gestión ambiental, territorio, alimentación sana, producción, educación, identidad y cultura, vivienda y bienestar social y comunicación para que no calle la palabra. Estos programas se articulan con todos los comuneros y comuneras para el beneficio de colectivo y es para que este tejido de vida siga creciendo que llaman a la solidaridad.
Un delicioso sancocho preparado por las y los comuneros que habitan en una finca del Cabildo en Timbío, donde están ubicadas 70 familias de los 6.000 desplazados de la región del Naya, siguió a las intervenciones y los compromisos claros para dar seguimiento a la situación de esta comunidad. "Me da pena cuando pienso en los compañeros y compañeras que no pudieron venir por la distancia y la falta de recursos, ellos se quedaron en la región del Naya, pero vamos a hacer todo lo posible para que el año siguiente nos encontremos allá", llamó la atención nuevamente Lisinia Collazos.
Terminando el almuerzo todos se dirigieron en marcha hacia al parque ubicado a un kilómetro de distancia, para rendir homenaje a las víctimas de la Masacre, en ese lugar la comunidad en acto simbólico se instaló alrededor de unas pequeñas piedras que tenían escritos los nombres de las persona asesinadas. Hablaron, cantaron y compartieron ese momento espiritual con una armonización para todos, así culminó la conmemoración por la masacre del Alto Naya.
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