En estos casos suele decirse que más vale tarde que nunca, pero es más que probable que el conformismo del refrán no pueda aplicarse en la actual situación. El saldo del enfrentamiento ha sido demasiado elevado, y, lo que es más importante, muchos consideran que era del todo evitable.
El tiempo les ha acabado dando la razón.
Los decretos 1090 y 1064 fueron aprobados en agosto del año pasado en el marco de la adecuación legislativa conforme a lo pactado en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.
El problema era que los decretos afectaban claramente a las comunidades indígenas, cambiando o modificando disposiciones anteriores o estableciendo nuevas cláusulas que facilitaban la entrada de inversión privada en sus territorios ancestrales.
Todo ello se hizo sin consulta previa a los interesados violando así normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Perú.
El presidente Alan García, después de criminalizar a los indígenas amazónicos durante más de una semana tras los sucesos de Bagua, ahora pide perdón público y reconoce "que ha habido una serie de errores" en la gestión. Parece que tanto la presión internacional como el peligro de caer todavía más en el índice de popularidad de su país le han curado en humildad, al menos de momento.
Otra víctima política de la crisis ha sido el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, que ha dicho que dimitirá "en las próximas semanas, cuando esto esté más tranquilo".
Por su parte, las comunidades han calificado la derogatoria de los decretos de "día histórico en el Perú", en palabras de Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Asimismo, Aidesep llamó a sus bases para levantar las movilizaciones en el norte del país.
Por último, Zapata dijo que "los indígenas quieren olvidarse del pasado" y comenzar a construir un futuro en el que de verdad sean escuchados.
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