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Por Luis Carlos Osorio R. 

"El huevo a veces si le puede a la piedra, suele decir Leopoldino Perea. Tal vez por eso Freddy Lloreda afirma que el informe del IGAC no es casual". 

El senador Luis Evelis Andrade no podía dar crédito a lo que pasaba. Sabía que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) debía radicar el 11 de febrero el informe sobre el diferendo limítrofe que desde hace unos 16 años sostienen Antioquia y Chocó en la región de Belén de Bajirá, pero nadie le daba razón del mismo. En el IGAC le decían que ya lo habían radicado en la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) y allí le dijeron, primero que aún no lo habían recibido y luego, que no se lo podían entregar. Finalmente el Secretario del Senado Gregorio Eljach le aseguró que si el documento se había radicado, el lunes siguiente a las ocho de la mañana lo tendría en sus manos, y así sucedió.

Mario Serrato, asesor jurídico del departamento del Chocó para el caso Bajirá, pensaba que el hermetismo con el que se manejaba esta información no hacía más que confirmar una práctica evidenciada durante más de un año de esta nueva fase del proceso, el aparente favorecimiento de la institución a los intereses de los antioqueños. Por eso no vació en impulsar un plantón el lunes siguiente en las propias instalaciones del IGAC. Megáfono en mano, los chocoanos increpaban a los funcionarios del IGAC sobre lo amañada de la decisión, mientras el Dr. Perilla, quien había acompañado el proceso en representación de la entidad oficial, solo atinaba a decir a los manifestantes: “lean, lean bien, lean”.

Y a fe que apenas habían tenido tiempo de mirar los mapas anexos al informe, pero el documento impreso en tamaño carta no permitía hacer una lectura clara de lo allí  expresado. Los trazos de una de las planchas, daban a entender que el informe entregaba a Antioquia, no solo los terrenos del corregimiento, sino buena parte del municipio de Riosucio, lugar de origen del Senador Luis Evelis Andrade. Por eso la indignación de los chocoanos.

Solo hasta bien avanzada la tarde, con las planchas impresas a tamaño pliego, a full color y con la ayuda de un experto, lograron unir e interpretar correctamente el mapa en el que se  mostraba en un color la línea divisoria propuesta por Antioquia, en otro la línea divisoria propuesta por el Chocó y en un morado intenso, la propuesta de deslinde presentada por el IGAC. Solo en ese momento entendieron la recomendación del doctor Perilla. El informe del IGAC favorecía ampliamente los derechos territoriales del Chocó. 

Quienes escuchaban la interpretación brindada por el experto no sabían si reír, llorar, sentir pena o rabiar. “Tenemos que manejar esto con prudencia”, había dicho el senador Luis Evelis antes de ir al plantón. “Estos asuntos hay que tomarlos con calma, con tranquilidad y con mucha sensatez”, decía el senador en la introducción de la reunión que convocó dos días después para socializar el informe, al tiempo que proponía construir una hoja de ruta y un lenguaje común, “para no equivocarnos en lo que sigue”, concluyó Luis Evelis. 

La socialización del informe la hizo Fredy Lloreda, un abogado chocoano que tiene como nadie en su cabeza, los pormenores del conflicto. A pocos días de la posesión de Luis Evelis como senador de la República, en compañía de Leopoldino Perea, Henry Chaverra, Mario Serrato, del propio gobernador Efrén Palacios Serna y otros ciudadanos de ese departamento, se reunieron con Luis Evelis en “Casa de Citas”, en pleno centro de Bogotá, con un único tema: Belén de Bajirá. Luis Evelis es Riosuceño y por tanto, podría ser el mejor doliente de esa causa. Al día siguiente, este grupo de chocoanos se encontraba alrededor de una inmensa mesa de trabajo en la sala de juntas del IGAC, tratando el tema con Juan Antonio Nieto Escalante, su director. El compromiso y el conocimiento de Freddy, fueron determinantes para que el gobernador Palacios lo delegara para manejar el diferendo limítrofe con Antioquia. 

Si bien lo que vino fue una seguidilla de encuentros en los que se revisó al detalle los pormenores del proceso, para Lloreda el hecho determinante se dio el día que logró convencer al gobernador de la importancia de contratar los servicios de la Sociedad Geográfica de Colombia. 

Desde Quibdó, Belén de Bajirá y Bogotá y “a punta de celular”, los miembros de la comisión habían estado trabajando la mayor parte de ese 16 de febrero con los técnicos de la Sociedad Geográfica de Colombia en el análisis del informe. Fue sobre ese análisis que la Gobernación emitió al finalizar el día el comunicado en el que anunciaba que el informe del IGAC era favorable a los intereses del Chocó., De esta manera, los corregimientos en disputa de Bajirá, Blanquiceth y Macondo quedaban del lado del Chocó, al igual que el Cerro del Cuchillo, una zona rica en depósitos de oro y cobre, según algunos estudios. 

El origen del conflicto

Toda la documentación histórica asociada a Belén de Bajirá, evidencia su pertenencia al Chocó. El mismo libertador Simón Bolívar sancionó la Ley 8 de 1821, en la cual, “Belén de Bajirá hacía parte del municipio de Riosucio, que a su vez hacía parte del Cantón del Atrato”. Casi un siglo después, en 1909, se promulgó la Ley 65 que erigió al Chocó como Intendencia. En ella se incluía al municipio de Riosucio en la provincia del Atrato, tal y como se había determinado en 1908. La demarcación geográfica incluida en dicha Ley es idéntica a la que posteriormente se consignó en la Ley 13 de 1947, la cual creó oficialmente el departamento. 

Con posterioridad y amparado en esta ley, el Concejo municipal de Riosucio creó el corregimiento de Belén de Bajirá mediante el Acuerdo 001 de noviembre de 1976. Todos los documentos oficiales que circularon a partir de dicho acuerdo, incluidos los Diccionarios geográficos elaborados y publicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al igual que la Codificación de territorios que realiza el DANE, ubicaban al corregimiento en la jurisdicción del Riosucio.

El origen próximo del conflicto podemos ubicarlo entonces en la emisión de la Ordenanza 011 de 2000 de la Asamblea Departamental del Chocó, que erigía a Belén de Bajirá como municipio. Esta ordenanza fue demandada de nulidad por el entonces Gobernador de Antioquia, Alberto Builes Ortega, con el argumento que “la Ley 13 de 1947, que creó el Departamento del Chocó, definió como límites unos ríos que hoy no existen o que han cambiado de curso hacia un lado u otro”. El Consejo de Estado falló a favor de los antioqueños y sobre esta decisión el Gobernador Builes, solicitó en el año 2001 la realización de un proceso de deslinde entre los dos departamentos, en la región de Belén de Bajirá.

En palabras de Freddy Lloreda, además del interés por poseer una región con grandes recursos naturales y minerales, el origen del conflicto está amparado en una contradicción del propio IGAC, que aceptó los argumentos de Antioquia en el sentido que la ley 13 del 47 era contraria a la realidad geográfica, pues según la entidad no existía el río Tumaradó, que era el referente para trazar la divisorias con el río Tumaradocito en los términos en que lo describe la ley.

Fue esta resolución del 10 de junio de 2015 la que impugnó la Comisión del Chocó, antes que se realizara la visita en terreno, pues el deslinde estaba previsto para el 24 de junio. Lo cierto, es que con esta resolución, el doctor Juan Antonio Nieto Escalante incurría en una presunta falsedad, pues el río Tumaradó había sido georreferenciado por el propio IGAC en 2007.

Basado en estos hechos, la Comisión del Chocó solicitó al director del IGAC una rectificación de la resolución, pues para ellos, no se trataba de un trámite de deslinde, pues este sólo se aplica cuando no existe norma o aun existiendo, esta no permita identificar el límite en el terreno.  En este caso, no sólo existía norma, sino que la descripción de la misma permitía ubicar sin equívocos los límites descritos.

Nieto Escalante no sólo negó el recurso interpuesto, sino que sin haber ido aun a terreno, dijo que los límites de la ley 13/47 eran contrarios a la realidad geográfica, concluyendo que confirmaba la negativa de rectificación, “dado que en informe de 2003 se había referenciado un punto en la carretera que conduce de Barranquillita al Cerro el Cuchillo”, señaló Lloreda.

Nunca debimos haber asistido a un nuevo deslinde.

El senador Luis Evelis, al igual que Serrato, Lloreda, Perea y Chaverra coinciden en señalar que el IGAC solo tenía que publicar el mapa oficial del departamento del Chocó y hacer en terreno el respectivo amojonamiento de límites, que era lo único que faltaba. Aunque la comisión reunía de manera integral el conocimiento jurídico de Serrato, la sapiencia de baquiano de Leopoldino y Chaverra y el contexto político de Freddy Lloreda y del propio senador Andrade, lo real es que se carecía del soporte técnico que sólo se incorporó con la llegada de la Sociedad Geográfica. “Lástima que este asesoramiento lo conseguimos mucho después de iniciado el deslinde”, dice Lloreda, para concluir que de haberla tenido desde un inicio, el proceso pudo haber tenido otro curso, pues se le hubiera dado cumplimiento artículo 11 de la ley 1447 de 2011. Serrato no vacila en asegurar que “el proceso ha tenido toda suerte de manobras jurídicas e irregularidades administrativas, que podrían comprometer al  IGAC y a otros actores interesados”.

Al respecto Lloreda señala que mientras Chocó planteó en la Comisión de deslinde creada a instancias del IGAC que los puntos a visitar eran los relacionados en la ley 13, o sea “la confluencia del Pavarandó en Riosucio, la cabecera del Tumaradocito, la divisoria de aguas del Tumaradocito y el Tumaradó y el Remolino de las Pulgas, la delegación de Antioquia solicitó que se “verifique y georreferencie, además de la confluencia del Pavarandó en Riosucio, el Puente Caño Seco, que es un hito que queda dentro del Chocó, el Cerro Lombricero, Lomas Aisladas, incluso la Escuela de Blanquiceth, y la Escuela de Macondo; o sea, Antioquia relacionaba puntos que no tienen nada que ver con el límite establecido por la ley” y eso no es actuar de buena fe, agrega Serrato.

Los delegados chocoanos en la Comisión de Deslinde insistieron que no era procedente ir a terreno sin que el director del IGAC hubiera resuelto el recurso de reposición formulada por Chocó; que no se podía aceptar la verificación de puntos ajenos al límite legal, y enfatizaron en que el IGAC estaba violando el inciso 5 del artículo 5 del decreto 2381 de 2012 de la misma entidad, que precisa que “El deslinde en terreno se debe realizar primeramente con base en la interpretación de los textos normativos vigentes….”

Al final, la visita al terreno solo fue realizada por los representantes del IGAC y de Antioquia, pues los delegados del Chocó, la OEA, la Procuraduría, la Sociedad Geográfica y la Defensoría del Pueblo, no asistieron. Dice Freddy Lloreda que aunque Nieto Escalante inició su visita por los puntos propuestos por Chocó y luego visitó los puntos propuestos por Antioquia, en el Acta entregada, no se incluyó la constancia dejada por la delegación chocoana. Para nosotros era claro que “el IGAC (…) estaba confabulado con Antioquia, para facilitar que (se) invocara, como así lo hizo, la figura contemplada en la ley 1447, (artículo 6), que se llama límite tradicional y que aplica (…) cuando no existe norma que fije límite y que las entidades comprometidas en la controversia, estén de acuerdo en un límite tradicional”, dijo Lloreda. 

Un mamotreto de tres mil folios

Con los salvavidas entregados por el IGAC, Antioquia “presentó un mamotreto de 3 mil folios”, argumentando las inversiones que ha hecho durante los últimos 30 años en Belén de Bajirá. Todos estos elementos llevaron a que el Chocó demandara la intervención de la Procuraduría a través del  Delegado para entes territoriales y descentralización Carlos Augusto Mesa Díaz. 

Al tiempo, a la argumentación técnica, el Chocó aportó cinco planchas elaboradas en 2004 por el propio IGAC, donde se muestra la cartografía básica que permite interpretar con claridad la ley 13 de 1947. Esta cartografía que incluía a Belén de Bajirá dentro de los límites de Chocó, fue presentada en un consejo temático realizado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en el DANE el 14 de octubre de 2006.

Finalmente, para controvertir el informe del 2003 al que el IGAC le daba gran peso, la delegación chocoana precisó que la acción antrópica presentada en la zona solo había afectado la corteza vegetal, pues de ser un bosque tropical, pasó a ser una zona de amplios pastos para ganadería extensiva sin que se hubiera afectado la red de drenaje ni la red hídrica de la zona, “es decir, ni los ríos, ni los caños, ni las quebradas, sufrieron alteración en su curso; por el contrario, toda la red muestra una gran estabilidad desde 1947 hasta la fecha”.  Este argumento fue soportado en un informe científico presentado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de información geográfica –CIAT- del IGAC, correspondiente a un estudio de análisis multitemporal de la dinámica fluvial del sector de Belén de Bajirá del 10 de julio de 2005, firmado por los científicos Luis Fernando Melo Wilches y Mario Karin Serrato. En este estudio se ubican a través de imágenes de radar y aerofotografías, la cabecera del Rio Tumaradocito. Freddy Lloreda asegura con entusiasmo, que fue allí donde empezó a definirse el diferendo, pues como lo reconoció posteriormente el IGAC, es la cabecera del rio Tumaradocito el que define el diferendo, pues este es el depositario de la mayor cantidad de afluentes de caños y vertientes hidrográficas que confluyen en la zona.

Con estos argumentos, los funcionarios del IGAC percibieron que la capacidad de interlocución del Chocó era más competitiva en materia técnica, pues la discusión se centraba ahora en la entrega, rectificación y corrección de mapas, hecho este que obligó a la entidad a ceder, dada la capacidad técnica del Chocó. En estas circunstancias, el IGAC decide en diciembre de 2015, centrarse en la elaboración del informe final, al tiempo que Chocó inicia una contundente gestión de redes sociales y medios de comunicación. Noticas RCN Televisión, para citar un caso, emitió después de la visita de campo realizada por el IGAC, una crónica desde las vertientes mismas del río Tumaradó -el mismo río que supuestamente había desaparecido-, con testimonios de los habitantes que pescan en sus aguas. 

A la par, la Asamblea del Chocó citó al director del IGAC a Quibdó para que explicara su actuación en el marco del proceso de deslinde; la Universidad del Chocó realizó un foro, que determinó una reunión de la bancada Afro y ésta a su vez tomó la decisión de citar al director del IGAC a una sesión en el Congreso. Por su parte, el senador Luis Evelis convocó a inicios de enero a las fuerzas vivas del Chocó a un conversatorio en el municipio de Quibdó, donde los asistentes anunciaron que el pueblo chocoano se movilizaría en la defensa de su integridad territorial. También en enero, a instancias de Leopoldino Perea y Freddy Lloreda, en la propia zona de litigio -Belén de Bajirá-, se realizó un congreso de pueblos afros al que asistieron más de 100 consejos comunitarios,  61 de ellos con título, y más de 40 organizaciones de comunidades negras.  La idea era deliberar sobre la defensa del territorio de Belén de Bajirá. En este evento, el recién posesionado gobernador del Chocó anunció públicamente que los recursos del departamento estarían dispuestos para contratar el mejor pul de abogados para defender la integridad del Chocó.

El huevo a veces si le puede a la piedra, suele decir Leopoldino Perea. Tal vez por eso Freddy Lloreda afirma que el informe del IGAC no es casual. “Es el resultado de un trabajo técnico, jurídico y de acción de la sociedad civil, del compromiso del senador Luis Evelis Andrade, de los congresistas chocoanos, de la institucionalidad del departamento, de la Sociedad Geográfica y de una cantidad de aliados invisibles, que abortamos un plan siniestro que buscaba despojarnos de una parte del territorio”.

“Si bien se puede decir que vamos ganando, no se sabe que pueda pasar en el congreso, por lo que hay que estar atentos”, dice Luis Evelis. Son muchos los problemas limítrofes que tenemos, pero más importante aún, es “el reto que tienen nuestros gobernantes para profundizar la presencia institucional del departamento en estas regiones: escuelas, centros de salud, vías, proyectos productivos y unas políticas de cooperación claras con los departamentos vecinos. No puede ser que la inversión de otros departamentos se conviertan en argumento para irse quedando con nuestro territorio”, termina diciendo el senador. 

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